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CORTES PLENO

DGA solo aplicará cambios en el ICA cuando se apruebe la ley que lo modifique

Así lo ha asegurado en el Pleno de las Cortes el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, en respuesta a una pregunta que le ha formulado el diputado del PP Antonio Suárez sobre cuál será el grado de afección a los aragoneses en el caso de que se modifique el ICA

 

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno - EL PERIÓDICO

EFE
09/02/2018

El Gobierno de Aragón sólo podrá aplicar cambios en el cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) cuando se llegue a un acuerdo sobre el mismo y, además, se apruebe en las Cortes la ley que lo modifique, algo a lo que ni el PSOE ni el propio Ejecutivo se opondrán.

Así lo ha asegurado en el Pleno de las Cortes el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, en respuesta a una pregunta que le ha formulado el diputado del PP Antonio Suárez sobre cuál será el grado de afección a los aragoneses en el caso de que se modifique el ICA.

Suárez ha preguntado expresamente si el Ejecutivo piensa que la modificación -que se debate en una mesa técnica creada por el Gobierno con la participación de agentes sociales y sindicatos y en una comisión especial de estudio en las Cortes- será aplicable ya en este ejercicio de 2018.

Gimeno ha replicado que cuando se llegue a un acuerdo para la modificación, automáticamente el Gobierno deberá presentar un proyecto de ley de modificación de la norma de 2014 que estableció el citado impuesto.

La afección a los ciudadanos, ha añadido, será "positiva" si los diferentes agentes, instituciones y partidos implicados logran "ponerse de acuerdo" en la modificación.

El consejero también ha respondido a otra pregunta formulada por la diputada del PAR Elena Allué sobre si se plantea realizar una rebaja fiscal que ayude a las empresas aragonesas a no modificar su domicilio social por la subida impositiva y que sirva para atraer a otras empresas que quieran establecerse en la comunidad, "y que no les suponga diferencias notables en materia impositiva con otras regiones".

Para Allué, hay un "evidente nivel de hartazgo ciudadano" con el "impuestazo" de 2016, que genera en los ciudadanos aragoneses la sensación de ser unos "pringados" frente a los habitantes de otras comunidades.

Se ha referido especialmente al impuesto de hidrocarburos, al de Sucesiones, al de transporte por cable que afecta a las estaciones de esquí y también al ICA.

Esta carga fiscal, a su juicio, influye en la capacidad de Aragón para atraer empresas y en que algunas abandonen la comunidad.

Gimeno ha negado que esto sea así, ha desvinculado el impuesto de Sucesiones de las decisiones empresariales y ha dicho que entre enero de 2016 y enero de 2017 hay en Aragón 557 empresas más.

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