No gustan al Gobierno de Aragón las continuas quejas que llegan del Ayuntamiento de Zaragoza y que, en los últimos meses, se ceban sobre todo en la gestión de los servicios sociales y la aplicación del sistema de dependencia. Así, desde la Consejería de Sanidad y Bienestar Social se ha salido al paso de las críticas, planteadas en el último pleno municipal por Chunta, sobre la infraocupación de la Casa de Amparo, una residencia adaptada a dependientes y que, según la formación nacionalista, tiene "90" plazas sin cubrir por decisión del Ejecutivo autonómico. Unas cifras falsas según la DGA, que solo admite tener cuatro camas sin ocupar.

Como telón de fondo de este debate está la aplicación de la reforma local, que deja en el aire su futuro, dado que la competencia pasa al Gobierno aragonés que, en todo caso, podría delegarla en el consistorio con su dotación económica correspondiente.

Esta atiende a unos 170 dependientes y cada año cuesta siete millones de euros a las arcas locales, según un reciente informe de los técnicos municipales. Del dispositivo dependen 63 empleos directos y la DGA aporta, según este documento, 556.000 euros por el concierto de sus plazas. Sumando el millón que se ingresa por las cuotas de residentes, su déficit ronda los 5,5 millones. Por eso asegurar su máxima ocupación contribuiría a mejorar sus cifras.

Según Chunta, a pesar de las "abrumadoras necesidades existentes", la actitud de la DGA es reducir "a la mínima expresión" la ley de dependencia, como está pasando con la Casa Amparo. Así, detalló el edil Carmelo Asensio, de sus "90 plazas de dependientes" el Ejecutivo "solo ocupa (y paga) 32". Pero la DGA desmintió estas cifras y recordó que existe un acuerdo marco en materia de plazas de residencias de mayores. En él, de las 276 globales, en la Casa de Amparo se concertaron 37 y, según sus cuentas, 33 ya están ocupadas.