Cada solicitud de exhumación que se desee realizar en Zaragoza, Huesca o Teruel debe pasar por el departamento de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que es quien estudia cada proyecto, revisa los listados de familiares que solicitan la excavación arqueológica y aprueba y subvenciona los trabajos a realizar. Mantiene un protocolo de actuación al que debe someterse cada propuesta y en el que son indispensables tres requisitos: el consentimiento del propietario --municipal o particular-- del terreno donde está ubicada la fosa, el acuerdo explícito de los familiares de las personas a las que pertenecen los restos, y la obtención de un lugar al que serán trasladados e inhumados.

La tramitación pasa por presentar el proyecto al Ministerio de la Presidencia del Gobierno y al departamento de Patrimonio de la DGA, además de gestionar los acuerdos con los consistorios implicados o el propietario del terreno donde se ubica la fosa. En el proyecto, el colectivo que pida la exhumación debe aportar un equipo de arqueólogos, antropólogos y restauradores. Es el caso, por ejemplo, de los trabajos a desarrollar en Singra, que se han encomendado a la empresa valenciana Paleolab, que ya se encargaron de la exhumación en Alcalá de la Selva en el 2006.

Según informaron fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno, "la autorización corresponde a instancias estrictamente judiciales", aunque actualmente la DGA tiene potestad para autorizar y supervisar cada excavación.