El actual Gobierno de Aragón ha tramitado más de cuarenta actuaciones en materia de conservación extraordinaria de carreteras, es decir, que están en licitación o ejecución o ya ejecutadas.
El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, así lo ha explicado hoy en el Pleno de las Cortes a petición del diputado del PP Javier Campoy, quien le ha interpelado sobre seguridad vial y la reducción de la siniestralidad en las carreteras aragonesas.
Entre las cuarenta actuaciones están, por ejemplo, la carretera entre Jaca y La Peña, el acceso al Monasterio de Piedra, la A-1236 entre Monzón y la autovía, la A-139 entre Graus y Santaliestra, la A-2302 entre Morata y Tobed, las travesías de Fuendejalón y Villamayor, la A-1701 entre Mosqueruela y el límite de Castellón o la A-221 entre Gúdar y Allepuz.
El consejero ha asegurado que "hasta el último céntimo" del presupuesto de la Dirección General de Carreteras, en concreto 63,8 millones, la mitad del presupuesto total del Departamento, está "focalizado" a mejorar la seguridad vial.
Y ante las críticas de inacción vertidas por Campoy, ha detallado las acciones que se están llevando a cabo.
En este sentido, hay una partida específica de 400.000 euros para actuar en los 61 tramos de concentración de accidentes detectados, que se suman a las partidas ordinarias de conservación.
Estos contratos de conservación están dotados con 10,6 millones de euros al año.
Cuatro grandes bloques de actuaciones se llevan a cabo, según Soro. El primero, que no está incluido en los contratos de conservación, la vialidad invernal, que cuenta con 1,2 millones de euros.
Los otros tres bloques, que sí están incluidos en los citados contratos, son la conservación ordinaria preventiva (limpieza, drenaje, actuación ante desprendimientos, pequeños baches o señalización por accidentes); la conservación ordinaria correctora (segado de vegetación, formación de arcenes y cunetas, acceso a fincas y bacheos); y operaciones de conservación extraordinaria y mejora de la seguridad vial.
Este último capítulo, con un tope del 33 % de la inversión, es "un plus" a las obras ordinarias, y con él se realizar rehabilitaciones de firme, tratamientos superficiales o mantos de lechada bituminosa.
También interviene para mejorar la seguridad vial, ha precisado, la aportación que realiza el Gobierno para la bonificación de peajes en la AP-68 y la AP-2, a lo que se destina seis millones de euros a pesar de no ser vías de competencia autonómica.
Soro le ha replicado a Campoy, quien ha reprochado que el consejero no cumple con lo que promete y que lo único que se ha tramitado es lo que el anterior Gobierno dejó hecho, que de esas cuarenta actuaciones, sólo tres se habían iniciado por el anterior ejecutivo.
