El Gobierno de Aragón ve viable la declaración del casco histórico del Arrabal como Area de Rehabilitación Integral (ARI) pero no se decide todavía a autorizarla pese a que tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Ministerio de Fomento ya han anunciado que aportarán el dinero necesario para sacar la iniciativa adelante.

Se trata de una fórmula de intervención para regenerar urbanísticamente el espacio de interés histórico-artístico situado entre las calles Sobrarbe, Germana de Foix, y Sixto Celorrio, excluyendo las fincas edificadas recientemente. Debido al progresivo abandono al que ha estado sometido el sector durante décadas, la zona es ahora una de las más deterioradas de la ciudad desde el punto de vista social y urbanístico.

Fuentes del Gobierno de Aragón reconocieron que este tipo de intervenciones funcionan muy bien para regenerar zonas deprimidas urbanísticamente y que su coste es perfectamente asumible. No obstante, apuntaron que en Suelo y Vivienda funcionan con un plan de actuaciones global para toda la comunidad autónoma en el que sólo permite 100 actuaciones al año. "Habrá que analizar las solicitudes de Huesca y Teruel para ver cómo se distribuyen finalmente los recursos", indicaron.

De momento, en el presupuesto del 2005 se ha incluido una partida de más de 800.000 euros con los que se financiará la intervención cuando los técnicos lo autoricen.

El servicio técnico de estudios urbanos y planes integrales del consistorio efectuó en octubre una valoración económica de la recuperación del casco histórico del Arrabal mediante un ARI. Según el documento, que se desarrollaría entre el 2005 y el 2006, sería preciso invertir tres millones de euros en los edificios de titularidad pública. El 40% lo asumiría el Ministerio de Fomento, el 30% la DGA y el otro 30% el consistorio. En el caso de los inmuebles privados, sería preciso desembolsar 653.215 euros de los que sólo el 35% sería asumido por los particulares.

En total, la inversión asciende a 3,6 millones, de los que el Gobierno central tendría que asumir 1,4; el Ejecutivo autonómico, 971.233 euros; el consistorio, un millón de euros; y los particulares, 228.625.