El Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de la nueva ley de prevención y protección ambiental, que reduce exigencias normativas, adecuándose al nuevo marco estatal, y recoge dieciocho medidas concretas de simplificación administrativa.

Se trata del paso previo para comenzar el periodo de participación pública sobre la ley, someterla a los informes jurídicos necesarios para su aprobación en un nuevo consejo y enviarla a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria.

El titular de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, destacó que se trata de una de las leyes más importantes en materia medioambiental y que sigue la misma tónica que las que se han tramitado hasta ahora, que es rebajar las exigencias aragonesas que "desbordan" el marco nacional.

Esta ley recoge 18 medidas concretas de simplificación administrativa, que sumadas a las incluidas en otras leyes suponen ya 64, que se presentarán el próximo día 17 cuando arranque el proceso de participación ciudadana de la ley junto con el departamento de Presidencia, señaló Lobón.

Destacó entre los aspectos más relevantes que la ley obliga a Aragón a consultar con otras comunidades autónomas cuando haya un proyecto que les pueda afectar indirectamente y, al mismo tiempo, obliga a Aragón a pedir informes cuando ese proyecto esté fuera de la comunidad y pueda suponer afecciones, como es el caso de la mina de Borobia, y esta misma ley estuviera aprobada en Castilla y León, tendría que haber actuado el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), pero no es el caso.

La nueva Ley, que derogará la actual de Protección Ambiental de Aragón, es necesaria para adecuar la normativa aragonesa al marco común europeo y estatal en materia de medio ambiente, ya que las normativas ambientales de las comunidades autónomas han ido introduciendo requisitos y condiciones adicionales de protección más restrictivas. El texto contempla hasta 18 medidas concretas de simplificación, incluidas en la "hoja de ruta" previa que realizó el Inaga con el propósito de disminuir la carga administrativa para el ciudadano en los distintos trámites ambientales que exige la norma.