Si algo ha evidenciado la crisis del coronavirus es la importancia que tiene tener un sistema sanitario fuerte, sano y con recursos. El equipo humano que trabaja en los centros hospitalarios ha demostrado que cumple con estos requisitos, pero la estructura del sistema ha sido víctima de unos recortes que dejaron a la sanidad pública patas arriba y que todavía se retuerce de dolor.

Hoy es el Día Mundial de la Salud, la fiesta grande del Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) quería poner en valor su papel. Lo normal es que las instituciones públicas traten de sacar pecho en esta jornada sobre su buena gestión y su buen hacer, pero nada de esto ha sucedido. Primero porque ha quedado demostrado que los sanitarios se reivindican solos con hechos, segundo porque cada día los balcones de miles de hogares se encargan de reconocer su labor, y tercero porque el dichoso covid-19 lo ha eclipsado todo.

En una situación normal se habría destacado que Aragón es la tercera comunidad que mejor servicio público presta, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Destaca por su gasto per cápita, por la disponibilidad de camas, por el número de pruebas médicas que realiza, por su gasto farmacéutico o por su personal. Aún así, no todo es perfecto.

El presupuesto en Sanidad se ha incrementado en los últimos años. En Aragón, cuando explotó la crisis económica en el 2007 se destinaron 1.635,88 millones de euros. Hicieron falta tres años para que diera un salto hasta los 1.907,69, aunque cinco después volvió a caer hasta los 1.600,43. En el 2018 y el 2019 (por la prórroga presupuestaria) la comunidad aragonesa destinó 1.991,29 millones a gasto sanitario y este se habían dispuesto 2.072 que se han quedado cortos por las circunstancias.

Vaivenes presupuestarios directamente relacionados con la situación económica del país y con el color del Gobierno. Fue con el PP cuando el sistema sanitario y social fue duramente castigado y recortado mientras se apostaba por la privatización de la sanidad. «No solo la pandemia tiene la culpa de lo que está pasando ahora porque parte del problema son consecuencias de los recortes, que se siguen notando», aseguran desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que mantiene el lema de que «la Sanidad no se puede vender porque todos tenemos derecho a una buena atención».

La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, explica que los recortes han provocado que el sistema sanitario no sea una estructura fuerte y ágil. «Estaba muy debilitado y con la pandemia ha quedado claro que el equipo humano es extraordinario pero que no existe capacidad para dar una respuesta rápida», comenta.

A su juicio, la dependencia de la Sanidad con la política le ha perjudicado y la crisis del coronovirus no ha hecho otra cosa que sacarlo a la luz. «La Sanidad tiene que quedarse al margen de las idas y venidas de los políticos, tiene que haber un gran pacto que se respete», añade. Según Ferrer, la crisis sanitaria actual ha marcado un antes y un después que obligará a replantearse las debilidades del sistema. En este sentido y con la mirada puesta en la postcrisis, Cs ha presentado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para impulsar el debate entre los representantes políticos, los agentes sociales y las mesas sectoriales de la Sanidad para alcanzar un pacto social y político.

Para el Sindicato de Enfermeras Satse es esencial que se apueste por dotar de material y de trabajadores a los hospitales y centros. Según Satse, para cumplir con la radio que recomienda la Unión Europea (UE) serían necesarias 2.657 enfermeras más en Aragón, que ocupa el quinto lugar en el ránking por comunidades. Insisten en que la dispersión geográfica y el envejecimiento exigen un mayor número para atender la demanda sanitaria y aseguran que el riesgo de mortalidad directa está asociada a la ratio de paciente-enfermera.