El dictamen sobre Ecociudad pide informe sobre consecuencias jurídicas

En el dictamen, en el que PP, PSOE, Ciudadanos y CHA concluyen que el Gobierno encabezado por Pedro Santisteve "construyó un relato con falsa apariencia de delito" cuando, tras un procedimiento de información reservada en el que no se dio audiencia a los afectados, puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, lo que desembocó en la imputación del gerente de la sociedad y de dos técnicos en una causa posteriormente archivada.

Entre las distintas propuestas de actuación presentadas por los grupos y apoyadas por la comisión, destaca también la exigencia de renunciar a sus cargos a los tres miembros del equipo de gobierno que forman parte del consejo de administración de Ecociudad: el propio alcalde (presidente), la concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas (vicepresidenta) y el consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, que ha salido adelante con la abstención de ZeC.

Del mismo modo, pese al rechazo de ZeC y CHA, han salido adelante sendos puntos en los que se pide el cese del consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, a quien se considera responsable político del procedimiento de información reservada, así como la apertura de un expediente informativo sancionador contra la funcionaria que instruyó el mismo, María José Benito.

También se ha aprobado, además de reconocer el daño causado a los afectados, el encargo de otro informe al asesor jurídico de Ecociudad sobre las "potenciales responsabilidades patrimoniales" de los tres consejeros de ZeC ante las "fundadas sospechas de actuaciones dolosas que pueden llevar aparejadas un quebranto económico al Ayuntamiento", en referencia al retraso en la licitación de la depuradora de La Almozara.

En cuanto a la valoración política, el concejal del PP Sebastián Contín ha destacado la "mayoría aplastante" con la que ha salido adelante el dictamen, ya que los hechos han quedado "fuera de la discusión".

Antes de la aprobación del dictamen la edil socialista ya había lamentado la falta de colaboración de ZeC en la comisión, así como sentir "vergüenza" y "estupor" después de que los tres consejeros del equipo de gobierno pusieran sus cargos a disposición del consejo de administración, lo que, a su juicio, demuestra que "no saben gobernar".

Alberto Casañal, de Ciudadanos, también ha criticado esta decisión de ZeC por ser una "bomba de humo" y estar "fuera de lugar".

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, pese a votar a favor del dictamen, que incluía las 12 conclusiones aportadas por la formación, ha anunciado que presentará enmiendas para matizar algunos aspectos que cree que introducen "juicios de valor".

En este sentido, ha considerado "desproporcionada" la propuesta de abrir un expediente a la funcionaria que instruyó el procedimiento de información reservada sin conocer su testimonio.

Por su parte, en representación del Gobierno de ZeC, la concejala Teresa Artigas ha adelantado que presentarán votos particulares al dictamen hoy aprobado, en el que ha asegurado que se pone de manifiesto que las conclusiones de la comisión estaban previamente pactadas por PP, PSOE y Ciudadanos, que no se han movido "ni un ápice" desde febrero.

Ha valorado, no obstante, que haya salido adelante la propuesta de CHA de que se informe al consejo de administración sobre cualquier cambio en las mejoras de un contrato, que es lo que generó que el alcalde llevara este asunto a la Fiscalía.

Del mismo modo, ha mostrado su "sorpresa" porque se pida un informe al letrado asesor de Ecociudad, ya que este ya declaró en la comisión de investigación que veía "lógico" que no se citara al gerente y a los técnicos de la sociedad durante la información reservada, así como que la dilación en la depuradora de La Almozara se enmarca "dentro de una estricta legalidad" y que, en todo caso, no cabría responsabilidad personal en los consejeros.