La consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, anunció que la Oficina Aragonesa contra la Discriminación, que comenzó a funcionar hace dos meses, ha atendido ya diez casos presentados bien por particulares o por entidades. Estas denuncias son de ámbito laboral -bien de la administración pública o de empresas privadas- y alegan motivos de discapacidad, género, orientación sexual, cultura y religión.
Broto dio este dato antes de inaugurar ayer unas jornadas en contra de la discriminación y explicó que para el Gobierno de Aragón son «una gran preocupación» los derechos de las personas, la igualdad de trato y la no discriminación. Por ello han querido hablar en estas jornadas de dos de los principales retos en este ámbito: la oficina contra la Discriminación y el Plan Integral de Atención a la Diversidad. Esta oficina, detalló, desarrolla un «trabajo colaborativo» con las entidades especializadas en la defensa de determinados colectivos y las diferentes administraciones.
