Las diferentes visiones en torno a los impuestos en Aragón han centrado hoy la reunión de los agentes sociales con el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, para conocer el presupuesto de la comunidad de este año, que prevé un gasto no financiero 5.303 millones y se votará en las Cortes el 28 de febrero.

Tras el encuentro, el consejero ha restado importancia a estas divergencias, que por otra parte indican que cuando se discute mucho de impuestos es que "con los gastos están de acuerdo", y eso es "una comodidad", si bien les ha animado a hacer sugerencias en torno a las cuentas, dado que el plazo de presentación de enmiendas concluye el próximo 6 de febrero.

A la reunión han acudido los presidentes de CEOE y Cepyme en Aragón, Fernando Callizo y Aurelio López de Hita, y el secretario general de UGT en la comunidad, Daniel Alastuey, y la secretaria de Cohesión y Diálogo Social de CCOO, Marta Arjol, quienes sí han coincidido en calificarla de positiva en el marco del diálogo de los agentes sociales con el Ejecutivo.

Callizo ha valorado la búsqueda de puntos comunes, aunque "no es ningún secreto" que la parte empresarial, que defiende el mantenimiento de los servicios con impuestos pero de la forma "más racional posible", para conseguir que haya más personas cotizando y lograr, con bases más bajas, ingresos más altos.

"Ese es el equilibrio que nosotros tratamos de buscar", ha dicho Callizo, quien además ha considerado que aún se puede racionalizar el gasto.

López de Hita, por su parte, ha considerado "muy conveniente" racionalizar el gasto y optimizar los recursos, y en que es "deseable" que los impuestos se distribuyan de forma equitativa y equilibrada entre los distintos sectores y que no sean las pequeñas empresas y los autónomos los que soporten una mayor carga impositiva, "como viene siendo habitual", ha dicho.

Alastuey, por su parte, ha incidido en que la comunidad está mal financiada por el coste de los servicios que presta, y en ese aspecto, ha apoyado al Gobierno en su reivindicación de un nuevo sistema de financiación que además mejore las posibilidades de llevar a cabo políticas económicas más allá de la cobertura de los servicios.

Pero mientras siga paralizado el nuevo sistema, Alastuey ha hecho hincapié en que es necesario que haya un nuevo presupuesto en Aragón y con una recaudación "suficiente", porque de lo contrario es imposible prestar servicios de calidad y reforzar la prestación social.

Así, ha defendido abordar en el marco nacional una reforma fiscal con un reparto de las cargas en función de las rentas, porque las rebajas que están ofertando algunos partidos son "suicidas" en cuanto al mantenimiento de los servicios y perjudiciales para quienes no han salido de la crisis.

Arjol ha valorado que este año haya presupuestos en Aragón, y especialmente el incremento en políticas sociales, pero ha advertido de la necesidad de mantener los niveles de protección dada la precariedad del empleo y los bajos salarios, y por tanto espera que pronto salga adelante la ley de renta básica que garantice ingresos mínimos a las personas que carecen de ellos.

Además, ha defendido para el conjunto del país que se acometa una reforma fiscal, porque de otro modo será difícil mantener los niveles de protección actuales, con un mayor nivel de armonización de los impuestos entre las comunidades autónomas.

Gimeno, por su parte, ha mostrado su confianza en que el presupuesto se apruebe y espera que poco a poco "se vayan despejando" todas las incertidumbres, en relación con los Presupuestos Generales del Estado, aunque no es optimista respecto a la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, en cuyo escenario Aragón defiende una armonización fiscal en determinados impuestos y también que haya más ingresos.

También ha insistido en que cumplirá su compromiso con Podemos de negociar modificaciones en torno al ICA para mejorar este impuesto, ante la polémica que suscita, especialmente en Zaragoza, pero ha advertido de que él no firmó una supresión y que la petición para que sea una tasa hecha por la Red de Agua Pública de Aragón "no tiene ni pies ni cabeza".

Ha apuntado además que la Unión Europa ha advertido a España de que incumple sus obligaciones en imposición verde, sobre la que tratarán el Gobierno central y las comunidades, y a su juicio es "raro" que desde posiciones progresistas se cuestionen estos tributos.

El ICA en concreto incentiva que no se contamine con un menor consumo y además en ningún caso se cortará el agua a quien no pueda pagar, ha asegurado Gimeno, quien ha restado importancia al número de zaragozanos que lo han recurrido frente a los cientos de miles de recibos que hay, y además no teme una merma en la recaudación dado que en los presupuestos ha tenido en cuenta todas las incidencia posibles.