Cuando éramos ajenos al drama que se nos avecinaba y nuestras preocupaciones vitales e informativas eran otras, explicábamos que el Gobierno de Aragón cuatripartito había tenido la habilidad de aprobar un presupuesto en forma y plazo, algo poco habitual en los últimos tres lustros. Hace de esto tan solo cuatro meses y las 78 páginas que forman la ley de las cuentas públicas de este año son ya papel mojado.

La magnitud de esta crisis sanitaria es absolutamente desbordante en todas sus dimensiones. La primera, la más cruda e irreversible, la de aquellos que han perdido la salud y la vida. La segunda, la grave situación laboral y económica que padecerán los ciudadanos. Solo en Aragón, más de 35.000 personas afectadas por ERTE y unas cifras de parados que se acercan peligrosamente a los peores datos de la crisis del 2008. A esta circunstancia se le añade una tercera no menos preocupante: la profunda grieta que esta crisis va a provocar en las cuentas públicas, tanto a nivel estatal como autonómico. Porque ahora, la prioridad absoluta es destinar recursos adicionales al gasto sanitario, que nunca se debe recortar. Cuando España estuvo al borde del rescate -ese que dictan por las ciegas doctrinas antihumanistas dictadas desde Bruselas- y se comenzó a recortar en gasto sanitario, las mareas blancas ya alertaban de que el recorte que se hace en un día tiene efecto durante décadas. Y ahora, con una pandemia que sabíamos que algún día podría ocurrir pero nunca imaginábamos que íbamos a sufrir, se cumple el vaticinio

Ni el Gobierno de Aragón ni la oposición que está actuando responsablemente en esta crisis son ajenos a que los presupuestos actuales ya no sirven. En solo un mes de pandemia se han tenido que tomar decisiones presupuestarias drásticas para evitar que la tragedia aún fuera mayor. Ayer el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, informó de algunas actuaciones. Cifras que en bruto son difíciles de cuantificar pero que con algunas comparaciones demuestran la gravedad de la situación.

Se han pedido créditos a corto plazo por una cantidad cercana a los 700 millones de euros que se suman a una cantidad similar de deuda que ya se había captado en el primer trimestre del año. Para este año estaba programado una necesidad de financiación en doce meses de alrededor de 200 millones de euros. Menos del triple de lo que ahora se necesita. Habrá que pedir a los bancos la misma generosidad que demuestra la sociedad. Por fortuna, los índices de confianza de las arcas públicas aragonesas son positivos y permiten acceder al crédito de forma más favorable.

El presupuesto global de la comunidad es de algo más de 5.000 millones, de los que más de 2.000 se destinan al gasto sanitario de todo el año sin tener en cuenta circunstancias extraordinarias como la actual. Y, atención al dato, de todas las vías de financiación a través de los impuestos, se había presupuestado una recaudación a través de la declaración de la renta de 1.500 millones y a través del IVA de 1.200. Estas previsiones, y ante la crisis económica que ya se sufre también quedan automáticamente desfasadas. Pero el dato para la reflexión ahí está. El gasto sanitario de todo un año no se cubre ni con todos los impuestos que se recaudan a través del IRPF.

Además, este endeudamiento extraordinario dispara la deuda pública, que supera los 8.000 millones. Unas cifras escandalosas de una deuda que se había conseguido frenar en los últimos años tras dispararse a partir del 2008. Estas cifras invitan a una reflexión que hoy cobra más vigencia. Cuando se reclaman mascarillas, respiradores y una sanidad robusta hay que tener claro que solo se puede sostener desde los impuestos. Ni desde la filantropía -bienvenida y aplaudida siempre- ni desde la ley del más fuerte. Hoy más que nunca queda patente la necesaria progresividad fiscal y que las rebajas fiscales como la de Sucesiones que aplicó en el 2018 el Gobierno de Aragón y que benefició a un porcentaje nimio de la población son un buen reclamo de propaganda pero una dolorosa merma de recursos públicos siempre tan necesarios.