La Diputación Provincial de Teruel podrá destinar este año 6.615.838 euros a realizar inversiones financieras sostenibles en la provincia, tal y como se dio a conocer en el pleno que la institución celebró en la mañana de ayer. El citado informe está pendiente de aprobación, en otra sesión plenaria, tras haber cerrado con superávit las cuentas correspondientes al año 2018.

Según el informe técnico analizado, de la liquidación del presupuesto del 2018 resultó un remanente de tesorería de 6.714.687 euros. De esa cuantía global hay que restar 98.748 euros que deben destinarse a pagar a acreedores pendientes del pasado año.

Tras conocer los datos, el pleno dio vía libre al reparto del importe en varios apartados, como el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (FIMS) para ayuntamientos (5,3 millones), reparación del muro de la glorieta de Valencia en Alcañiz (236.167 euros), carreteras provinciales (500.000), mejora de la carretera TE-V-9121 a El Vallecillo (239.750), adquisición de vehículos de extinción de incendios (85.000), actualización y reformas en edificios de la diputación (186.562).

«Según los datos que hoy hemos conocido, podemos decir que la Diputación de Teruel ha cumplido los requisitos establecidos en la legislación vigente para poder contar con casi siete millones de euros para inversiones sostenibles en los municipios, ya que hemos cumplido el ratio de endeudamiento, el superávit presupuestario, el remanente de tesorería, que acumula más de 22 millones de euros, y el plazo medio de pago a proveedores», subrayó el presidente de la institución provincial, Ramón Millán.

El vicepresidente primero de la institución, Joaquín Juste, se refirió al esfuerzo realizado por el equipo de gobierno para que la institución «tenga una buena salud financiera, lo que inevitablemente repercute en positivo sobre nuestros ayuntamientos, que pueden contar con más recursos», aseguró.

SERVICIOS LOCALES

La diputación provincial aprobará en próximos plenos el reparto del FIMS según las bases y criterios que se establezcan al respecto y que entre otros aspectos se concreta con una cantidad fija por cada una de las entidades además de por núcleos de población y por número de habitantes a excepción de Teruel, Alcañiz y Andorra.

Los municipios podrán destinar las cuantías que finalmente se aprueben para realizar actuaciones susceptibles de ser consideradas financieramente sostenibles, como las dedicadas a seguridad y orden público, ordenamiento del tráfico y del estacionamiento, protección civil, servicio de prevención y extinción de incendios, vías públicas y alcantarillado, saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas, entre otros servicios locales.