La Diputación Provincial de Zaragoza aprobó ayer en un pleno extraordinario el presupuesto para el año 2015, que asciende a 152.331.360 euros, un 10,47% más que en el 2014, con los votos a favor de PP y PAR, las abstenciones de PSOE y CHA y el único voto en contra de IU.

El aumento, que rompe la tendencia de la actual legislatura, responde al incremento de los ingresos procedentes de la participación de los tributos del Estado (85,96%), además del resto de ingresos procedentes de tasas y precios públicos de la DPZ.

"Son unas cuentas equilibradas que pretenden responder de forma rápida al momento que nos está tocando afrontar", defendió el presidente de la Diputación, Luis María Beamonte.

Uno de los capítulos más elevados del presupuesto del organismo para el 2015 es el de transferencias de capital a los municipios, que asciende a 28,6 millones de euros.

En total, la DPZ destinará a inversiones en los municipios un total de 50 millones de euros y las principales partidas serán las destinadas a los planes de inversión provincial, como el PIEL, que ascenderá inicialmente a 10,5 millones de euros; el POS a 4,5 y el PIMED que subirá a 1 millón.

El presupuesto de la DPZ recoge también 5,2 millones de euros destinados al Plan de Barrios de Zaragoza y destina 4 millones a un nuevo Plan Extraordinario de Empleo, que supondrá 480 puestos de trabajo. Además, la DPZ mantendrá sus actuaciones en materia cultural, tanto a través de planes propios como por medio de la Institución Fernando El Católico y de los diferentes consorcios y fundaciones de los que forma parte.

En un principio, la oposición mostró su rechazo al planteamiento general de las cuentas. José Ángel Miramón (IU), el más combativo con diferencia, deseó que estos fueran "los últimos presupuestos del equipo de gobierno", y justificó su voto en contra denunciando el "clientelismo" en la adjudicación de partidas a través del gabinete de presidencia y lo poco que tienen que ver los que se presentan en diciembre con los que se acaban liquidando al final del ejercicio. "No es de recibo que los alcaldes de los pueblos tengan que pasar por la mesa de los partidos para recibir las ayudas", criticó.

Bizén Fuster, portavoz de CHA, acabó absteniéndose después de que Beamonte diera luz verde a la mayoría de las enmiendas de su partido con cargos a los remanentes, como un plan de asistencia informática municipal por valor de 540.000 euros, y diversos incrementos en los planes de educación para adultos, centros escolares, animación cultural y cooperación internacional. El PSOE mostró su preocupación una vez más por que las ayudas lleguen a los municipios y reclamó mayor inversión en planes de empleo.