El pleno de la Diputación de Huesca (DPH) ha acordado hoy por unanimidad solicitar al Gobierno central la declaración de la provincia altoaragonesa como zona afectada gravemente por las intensas lluvias torrenciales que provocaron daños a las infraestructuras de comunicación con el Pirineo.
El acuerdo institucional instará, además, al Ejecutivo aragonés a incluir la provincia de Huesca en la petición hecha al Gobierno estatal para declarar como zona afectada todos los municipios que sufrieron inundaciones durante la reciente crecida extraordinaria del río Ebro.
El texto señala que una vez acordada la declaración, la DPH "apoyará y aportará los máximos recursos posibles de la parte que tuvieran que sufragar las comarcas y ayuntamientos en la financiación de estas obras y reparaciones.
También se pide al Gobierno regional que ante la "complicada" vialidad de las comunicaciones principales existentes en las comarcas pirenaicas de la Jacetania, Alto Gállego y parte del Sobrarbe, ponga en marcha o amplíe "medidas permanentes de atención" a los servicios básicos de los habitantes de estas zonas.
Además, los grupos políticos de la institución propondrán a las administraciones competentes a determinar compensaciones económicas para las familias, establecimientos comerciales y empresas por las afecciones sufridas por el corte temporal del principal acceso al Pirineo a través de la carretera N-330.
El pleno también ha expresado su unánime rechazo a cualquier tipo de agresión sexista hacia las mujeres, posicionamiento hecho en relación a la sentencia de la Audiencia de Navarra que condena por abusos sexuales y no por violación a los miembros del grupo conocido por "La Manada".
La Corporación provincial, tras manifestar su apoyo a la víctima y a sus familiares, expresa en su declaración, "desde el respeto al poder judicial y a sus resoluciones, su "absoluta comprensión con la decepción e indignación" causada por la sentencia entre la ciudadanía a causa de la referida sentencia.
Expresa la institución su confianza en que los partidos políticos "sepan articular, desde una reflexión serena, una respuesta ante el clamor de la sociedad de endurecer las penas ante estos delitos sexuales, impulsando reformas que doten a nuestro sistema judicial de las normas necesarias que reflejen la realidad de la sociedad".
Señala el acuerdo que los avances conseguidos por la sociedad española en los derechos de las mujeres "deben de tener reflejo" en la legislación vigente a fin de "evitar la relativización de la violencia ejercida contra ellas, porque no podemos permitirnos dar pasos atrás en la defensa de su integridad física y derechos".
Por otra parte, el pleno ha aprobado un plan de concertación económica dotado con 2,5 millones de euros que se destinará a financiar el gasto corriente de los pequeños ayuntamientos derivados del suministro de energía eléctrica en alumbrados públicos y otras instalaciones municipales.
