La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) no sabe cómo debe proceder con Antonio Asín, al que la Audiencia Provincial condenó el 10 de febrero a siete años de inhabilitación por prevaricación por malgastar, pese a que el secretario emitió dos informes en contra, 35.554 euros en unos informes que la propia sentencia califica como "de utilidad más que dudosa para el ayuntamiento".
El área de Presidencia de la corporación provincial ha solicitado al tribunal en dos ocasiones, en ambas sin éxito al menos hasta ayer, que le notifique la sentencia para poder decidir cómo actúa con el alcalde de Mallén y diputado provincial.
La sentencia no es firme, ya que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo tanto por Asín --para pedir la absolución del delito por el que fue condenado-- como por el PP de Mallén, que reclama que sea condenado por todas las infracciones penales que le atribuye, y que le supondrían más de diez años de prisión y veinte de inhabilitación.
La diputación, sin embargo, está a la espera de conocer los términos exactos de la resolución --afecta a los cargos de concejal y de diputado provincial-- para que su Secretaría los estudie e indique si debe aplicársele la figura de la inhabilitación provisional para cargos públicos condenados por delitos contra la Administración pública que el PP y el PSOE incluyeron en una reciente reforma legal.
Fuentes judiciales, no obstante, consideran que esa figura, que únicamente ha sido utilizada en una ocasión en España, no sería aplicable al alcalde de Mallén.
Según esas mismas fuentes, supondría un ejemplo de aplicación retroactiva de una norma perjudicial para un reo como consecuencia de una condena en la jurisdicción penal, algo que la legislación criminal española prohibe expresamente.
La reforma legal fue aprobada a finales del 2010, y el alcalde de Mallén cometió el delito por el que fue condenado tres años antes, en el 2007. Entonces no existía la posibilidad de inhabilitar provisionalmente a un cargo público.
Antonio Asín es el tercer alcalde zaragozano condenado por prevaricación en lo que va de siglo. Los dos anteriores dirigían también municipios de la ribera del Ebro: Gabriel Gaya, primer edil de Pinseque, y Pascual Abós, de Utebo. El primero ha decidido solicitar el amparo del Tribunal Constitucional después de que el Supremo confirmara, hace unas semanas, la sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia.
