La furgoneta que traslada hasta la ciudad a unos niños con discapacidad y el camión que recoge la basura en un municipio de 100 habitantes tienen una cosa en común: los pagan las diputaciones, esos organismos convertidos en guardianes de la población en un mundo, el rural, en el que cada vez hay menos gente.

Son dos ejemplos de las múltiples funciones que llevan a cabo estas instituciones cuestionadas por si generan duplicidades administrativas. En defensa, sus presidentes destacan datos de gestión, como ha puesto de manifiesto el II Congreso sobre despoblación que ha comenzado hoy en Huesca.

La España rural se está vaciando por la defunción de los residentes que quedan y por el éxodo de los jóvenes que no encuentran trabajo ni oportunidades.

Oficinas bancarias que abren por horas, consultas médicas que atienden tres o cuatro días a la semana, desplazamientos largos para comprar determinados productos, problemas para hablar por teléfono móvil, imposibilidad de navegar por Internet, pequeños cultivos abandonados porque no dan dinero, tiendas que cierran por la jubilación de su propietario, incapaz de ceder a nadie el negocio...

Son algunos de los problemas diarios de los cada vez menos ciudadanos que aún residen en los municipios rurales. Para resolverlos, o para aliviarlos, las diputaciones entran en juego.

El presidente de la de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, tiene dentro de su arco de gestión unos 292 municipios; se encarga del alumbrado, la pavimentación, la recogida de basuras, los polideportivos, las piscinas o las infraestructuras sociales, según cuenta en conversación con Efe.

Cubre 1.100 kilómetros de carreteras, la mayoría comarcales, a los que destina entre 4 y 5 millones para sus ensanches y unos 2 para el mantenimiento.

Cubre también 20.000 kilómetros de sendas rurales, esenciales para el desplazamiento de los agricultores.

Gracias a un convenio con la UNED de 600.000 euros, alrededor de 5.000 vecinos adultos estudian hasta 30 grados, y mientras tanto, organiza exposiciones de arte contemporáneo.

Destina 10 millones de euros a la prevención de incendios y prepara unos 5 millones para expandir la banda ancha y la cobertura de telefonía móvil a pueblos donde eso, aún, no es posible.

En definitiva, la Diputación reparte subvenciones e inversiones para mantener los servicios en todo lo que no sea una gran o mediana ciudad.

Dice Sánchez Quero a Efe que sus dos grandes proyectos en marcha son la Cátedra de Despoblación que ha suscrito con la Universidad de Zaragoza y el Consejo de Desarrollo Rural, en el que están presentes los empresarios, los sindicatos, los sindicatos agrarios, los partidos políticos y la propia Universidad.

La Cátedra facilitará aprovechar mejor los recursos al basarse en criterios de expertos; el Consejo trabajará por atraer proyectos que, a su vez, propicien mantener la población que queda y atraer a jóvenes.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, señala a Efe que su presupuesto está en la furgoneta que lleva a unos niños con discapacidad cerebral del pueblo a la ciudad, y de la ciudad al pueblo; en los refugios de montaña (hechos reclamo turístico porque registraron el año pasado 100.000 pernoctaciones); en el instituto de Castejón de Sos o en la reparación de viviendas.

Lo que sucede es que frenar la despoblación, que es lo que hacen las diputaciones en gran medida, se tiene que combinar ya con fomentar la repoblación.

Gracia recalca que para ello es necesaria "una lluvia de medidas" en las que se impliquen la UE, el Gobierno, la comunidad autónoma, los ayuntamientos y las propias diputaciones.

Esa lluvia de medidas empezaría por la propagación de la banda ancha, por estimular la llegada de jóvenes en condiciones de start up, por asfaltar las carreteras y por acondicionar las viviendas y favorecer que éstas entren en el mercado, pues muchas son segundas residencias y no se pueden poner en circulación.

Repoblar el mundo rural requiere medidas integrales, como demuestra el plan de la Federación Española de Municipios y Provincias, con más de 80, y una legislación que tenga en cuenta las particularidades de estas zonas, apunta Gracia.

"Tenemos que pensar qué modelo de país queremos: si un modelo de grandes ciudades conectadas entre sí, y en medio el desierto, o un modelo de relación entre lo urbano y lo rural", añade el oscense.

Un mapa demográfico atento a la realidad actual, ventajas fiscales, una renta agraria básica...

Son tres medidas que Sánchez Quero pide que se apliquen cuanto antes. "La hora de los estudios y de los debates ha acabado", sentencia.