A veces, a pesar de la aparente cercanía de las elecciones, los partidos políticos son capaces de ponerse de acuerdo en lo sustancial. O al menos así quedó reflejado en la votación de ayer en las Cortes de Aragón tras la cual todos los diputados fijaron una postura común de la comunidad ante la futura reforma de la financiación autonómica.
El documento que avalan todos los partidos políticos recoge la necesidad de corregir la insuficiente financiación de Aragón a causa de su situación demográfica y social, que se integre el impuesto de Patrimonio en el IRPF, se establezca una horquilla de máximos y mínimos en Sucesiones o que el Estado apruebe una ley marco sobre impuestos medioambientales.
Las reclamaciones esperan que en los cambios que deben abordarse antes del fin de la legislatura se tenga en cuenta una mayor ponderación de la estructura poblacional o el envejecimiento, que País Vasco y Navarra contribuyan al fondo de solidaridad o que se cree un fondo de reserva para las comunidades.
La nota discordante, aunque sin romper la unanimidad, fue expuesta por los partidos de ámbito autonómico: tanto el PAR como CHA recordaron que el texto aprobado es un documento de mínimos y que ellos no renuncian a conseguir un concierto financiero como el que se establece en el Estatuto. A la vista de los precedentes vascos y navarros parece poco probable que esa pretensión pueda salir adelante, así que han decidió aparcarlo por el momento. El portavoz en cuestiones de Hacienda del PP, Antonio Suárez, señaló que la petición estaba fuera de lugar. «No puede ser que algunos se empeñen en remarcar lo que nos separa», aseguró al considerar que esa pretensión es un «tic» de determinados partidos.
Para el diputado Gregorio Briz (CHA) el concierto es una aspiración a la que no renuncian de forma definitiva a pesar de que la hayan aparcado para lograr el consenso y para Elena Allué (PAR) lo ideal sería caminar hacia un modelo «parecido al cupo vasco» que facilitaría cumplir muchas de las reclamaciones históricas de la comunidad.
El documento unánime que han debatido en las últimas semanas ha sido fruto de una ponencia por la que han pasado técnicos y expertos de diferentes áreas. «Ha requerido un gran esfuerzo por parte de todos», explicó Allué, encargada de coordinar las tareas. «Es importante que Aragón pueda elevar sus peticiones con una sola voz de cara a los futuros Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF)», consideró.
Precisamente esta cita se convocará antes del mes de agosto. Está por ver si se podrán contrapesar los intereses de las zonas más desarrolladas.
