Tres directores de banco que comparecieron ayer como testigos ante el Juzgado de Tarazona ratificaron sus declaraciones ante la Guardia Civil de Borja en el sentido de que Florencio Garcés, el párroco de esta última localidad zaragozana, retiraba sumas elevadas de dinero (por encima de los 1.000 euros) con frecuencia, lo que llamaba su atención.

El sacerdote explicaba que ese dinero era para obras de caridad y llegó a mencionar a una persona que se hallaba en la cárcel en estado de necesidad. Sin embargo, en las sucursales cundió la impresión de que esas operaciones bancarias escondían algo más, por su reiteración e importancia económica.

De hecho, la Justicia imputa al párroco la apropiación indebida de 185.000 euros, así como un delito de índole sexual. El sacerdote niega estos hechos y mantiene que el dinero se destinaba a paliar la situación de familias pobres que solicitaban su ayuda.

La Guardia Civil intervino el pasado noviembre, a raíz de las denuncias interpuestas por el sacerdote, que afirmó que era víctima de un chantaje o estafa, lo que llevó a la detención de varios miembros del clan Zapato Veloz, que al parecer se enriquecieron con el dinero que extraían al párroco amenazándole con divulgar una supuesta foto en la que se le ve con mujeres semidesnudas. Un séptimo imputado, Santiago C., está acusado asimismo de estafa.

Sin embargo, estos imputados han negado los hechos, pese a que dos testigos han declarado que se aprovechaban de Garcés y que accedían a mantener relaciones sexuales con él a cambio de dinero. Uno de los testigos, que estuvo protegido al inicio, se retractó y dijo posteriormente que había declarado en contra de los Zapato Veloz porque había sido presionado por la Guardia Civil, lo que motivó la apertura de diligencias por presuntas calumnias contra los agentes de la Benemérita. Deberá declarar el 20 de febrero.