Tras 15 años de funcionamiento el Instituto Aragonés del Agua (IAA) volverá a depender de la consejería de Desarrollo Rural. En todos estos años el organismo ha estado en el centro de la sospecha por la opacidad de algunas de sus prácticas. Con este cambio el Gobierno de Aragón espera poner en marcha una gestión «participativa, transparente, eficiente y técnicamente rigurosa». Si los trámites parlamentarios salen adelante la nueva etapa comenzará el 1 de enero del 2018.
El IAA fue uno de los proyectos estrella del primer proyecto político como presidente de Marcelino Iglesias. La coalición PSOE-PAR anunció en los primeros meses de gestión que el agua sería una de sus prioridades y de la consejería de Medio Ambiente «uno de los más potentes».
El consejero Víctor Longás abordó el encargo. A partir de 1999 la creación del futuro instituto para gestionar un «macroplan» de depuración entró en el foco mediático y ya se hablaba de la incorporación de 25 trabajadores en su diseño original. Con la intención de recabar consensos aquel primer proyecto se mandó a casi un centenar de colectivos y asociaciones relacionadas con el medio ambiente. El recibimiento fue tibio y algunas de las alegaciones ya alertaban sobre los riesgos de la descentralización y sobre la falta de pluralidad.
El Gobierno de Aragón aprobó la estructura en julio del 2000. Longás prometió una injerencia «mínima del Ejecutivo». Los primeros años, con un presupuesto de 9.000 millones de pesetas y 50 trabajadores, jugó un papel fundamental en la oposición al trasvase del Ebro. El que fuera director general de Agua, Javier Sánchez, fue su primer responsable.
El IAA comenzó a ponerse en cuestión en abril del 2002 con las primeras críticas sindicales alertando sobre la poca «transparencia» en la selección del personal. En diciembre el exconcejal del PAR en Sariñena, Alfredo Cajal, tomó las riendas. Poco tiempo antes, Alfredo Boné había ocupado la consejería de Medio Ambiente tras la salida de Longás por el caso Euroresiduos.
La gestión de los planes de saneamiento y depuración han sido otros de los episodios discutidos en su actividad. Pero los años más críticos en el organismo llegaron tras la Expo del 2008. La operación Molinos, que investigaba la gestión irregular en el Ayuntamiento de La Muela, reclamó en mayo del 2009 todos los informes relacionados con las subvenciones concedidas a lo largo de seis años. Ese mismo año en las Cortes de Aragón se investigó la concesión de contratos a dedo por valor de 117.062 euros a una empresa de la que era socio el expresidente del Rolde Joven del PAR, Juan Carlos Prieto. En esos años el responsable del organismo era el también aragonesista Rafael Izquierdo. Con su dimisión regresó al puesto Alfredo Cajal.
Blindaje laboral
En la actual legislatura PSOE-CHA su directora y responsable del cambio administrativo es Inés Torralba. Los sindicatos temen que la conversión del IAA en una dirección general sirva para «blindar» a los actuales trabajadores, para los que se crea una modalidad de «personal laboral a extinguir» para 35 cargos de responsablidad. Creen que sería más conveniente que la plantilla realice el mismo proceso de selección que todos los empleados públicos. «Si la contratación está bajo sospecha la imparcialidad de los trabajadores también lo estará», resumió el representante de CCOO, Francisco González. A pesar de que los trabajadores del centro emitieron esta semana un comunicado para defender la transparencia del proceso -argumentan que ya son «empleados de la administración pública-, tanto CCOO como UGT y CSIF temen que se mantenga «el modelo clientelar».
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, fue el encargado de dar la cara esta semana ante la nueva polémica. Aseguró que la ordenación se ha decidido con el consenso de los servicios jurídicos. Habrá que ver si en la nueva etapa se garantiza el objetivo de «defender el interés público» manifestado por la DGA.
