Uno de los hombres más famosos de España es ahora mismo Pedro Quevedo, diputado único, por el partido Nueva Canarias, en el Congreso de los Diputados. Su fama no se debe a su trabajo parlamentario, a la aprobación de ninguna ley, a ningún proyecto o logro de carácter público, sino a la circunstancia de que su voto, su escaño, sea vital para que el PP pueda sumar una mayoría parlamentaria. De ahí que los hombres de confianza de Mariano Rajoy lleven meses cortejando al señor Quevedo, quien, en un ejercicio de practicidad extrema, inspirada por las estrategias históricas de los nacionalistas vascos y catalanes, ha puesto precio político a su apoyo, exigiendo al Gobierno del PP, si quiere su voto a favor, inversiones de 450 millones de euros para su tierra canaria.

El ejecutivo, que acaba de firmar con alegría el cupo vasco, cediendo a todas las condiciones de los cuatro gatos o cinco diputados del PNV, y que viene de prometer en Cataluña, a los otros quatre gats de Puigdemont, otros cinco mil millones del ala en inversiones para infraestructuras catalanas, no se va a despeinar porque Quevedo pida ahora una limosna de 450 kilos. Pagará -o invertirá en Canarias, según se mire-, obtendrá su correspondiente mayoría parlamentaria, sacará adelante sus presupuestos, y seguramente unas cuantas leyes más, y seguirá gobernando sin despeinarse.

Así, con euros públicos, se escribe la historia, como con ecos públicos escribió Miguel Delibes aquella divertida y crítica novela titulada El disputado voto del señor Cayo.

El resto de los españoles, esto es, aquellos que no tenemos representantes independentistas o nacionalistas en el Congreso de los Diputados, porque sus electores han votado en exclusiva a los partidos de obediencia nacional, no hemos podido jugar en la partida presupuestaria, ni en algunas otras igual de importantes. A nuestros diputados y senadores no se les permite, como a vascos y catalanes, o al canario Quevedo, poner precio a su escaño, ni siquiera a cambio de inversiones para sus territorios de origen. Los perjudicados somos muchos, la mayoría de las Comunidades Autónomas, por lo que habrá que preguntarse si los españoles somos iguales ante el Gobierno o la ley, que comienza a ser lo mismo, o se están aprobando diferencias escandalosas, como en su día la doble velocidad estatuaria.