La última oferta económica por el traspaso de Justicia ascendió a 30,4 millones de euros, tres millones por debajo de lo que pide Aragón. Las divergencias entre la DGA y el Estado se centran en el coste del personal, la inversión en infraestructuras y el material informático.
En personal, el anterior Gobierno pactó un incremento salarial mayor que el de los restantes funcionarios, lo que disparaba la factura. Para inversiones en infraestructuras, sólo ofreció 1,7 millones.
