La regulación y protección del aragonés (y el catalán) esta legislatura avanza entre el sorteo de escollos. Y en los próximos meses la cuestión se mantendrá en la misma tesitura. No es para menos, pues la composición de la Academia Aragonesa de la Lengua amenaza con frenar en seco el desarrollo de uno de los proyectos estrella del departamento de Política Lingüística de la DGA.

Como se ha evidenciado en la elección del Justicia de Aragón y con los órganos rectores de la radio televisión pública, las sumas y las mayorías son complicadas con la actual composición del parlamento. Y más teniendo en cuenta que la cifra de cinco académicos que tienen que salir de las Cortes de Aragón estaba pensada para una época en la que no se contaba con la presencia de partidos como Ciudadanos o Podemos. La ecuación se antoja complicada.

La Academia Aragonesa de la Lengua, que estará compuesta por 14 miembros y un presidente, aprobó el pasado 10 de abril unos estatutos con el objetivo de establecer normas referidas al uso correcto de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. Para cumplir con este cometido de ella dependarán el Instituto de l’aragonés y el Institut del catalá d’Aragó, con siete miembros cada uno.

Por ahora, cada uno de los grupos debería presentar un candidato ante el registro de la institución. Y sumando partidos, hace un total de siete nombres diferentes (que se podrían reducir a seis al tener en cuenta que IU y CHA pertenecen al grupo mixto). Por el momento, según los portavoces consultados por este diario, ninguno de los partidos se ha puesto a la tarea de seleccionar candidatos.

La previsible falta de acuerdo supone bloquear el resto de los nombramientos pendientes para cerrar la institución académica, que se intuyen menos complicados. Otros cinco nombres serán propuestos por la Universidad de Zaragoza entre candidatos que tengan experiencia y prestigio en la materia. Y el resto de los nombres dependen del criterio del departamento de Educación.

Como la mitad de ellos estarán dedicados al estudio del aragonés y la otra mitad a la del catalán, será con esta última ronda de propuestas con las que se trate de equilibrar el resultado. Está por ver si se atenderá también a un equilibrio de sexos entre los que se sienten en la mesa académica. Algunas voces dentro de los partidos más interesados en la cuestión lingüística piden que sean los propios candidatos de la DGA los que sirvan para facilitar el consenso.

Sin plazos

Otra de las posibilidades para facilitar un acuerdo podría pasar por aplicar coeficientes de reparto en función del número de diputados o forzar un cambio en el reglamento. Una vez que el primer pleno se reúna las siguientes elecciones de académicos se harán mediante una votación interna.

Más allá de la aprobación de los estatutos de forma oficial, es difícil barajar plazos específicos para su puesta en marcha. Esta academia depende de la ley de lenguas que aprobó el PP y que el actual ejecutivo PSOE-CHA decidió exprimir al máximo. Desde el comienzo de la legislatura se renunció a una derogación que ha sido muy reclamada desde determinados colectivos de hablantes.

Según está definido, el pleno de la academia se reunirá de forma ordinaria dos veces al año y tendrá que tomar decisiones para asesorar a los poderes públicos sobre temas relacionados con el uso de las lenguas. Sus dictámenes gozarán del «criterio de autoridad» y colaborarán en la formación del profesorado de estas modalidades.

La academia ya cuenta con una dotación presupuestaria de 25.000 euros. En un primer momento no se espera que la institución tenga personal contratado. Los académicos ejercerán su función de forma honorífica, aunque cobrarán las dietas de desplazamiento.