Las consultas jurídicas con vistas a la obtención del divorcio se han triplicado en Aragón durante el pasado año, marcado por el coronavirus, con respecto al 2019, según datos de la Asociación de Separados y Divorciados de la comunidad. Sin embargo, este considerable aumento de las consultas a los abogados y abogadas especializados en derecho de familia no se ha traducido todavía en un incremento de las rupturas matrimoniales.
De hecho, la tasa de divorcios y separaciones en Aragón en los tres primeros trimestres del 2020 fue de 1,23 por mil habitantes, frente a 1,6 en todo el año 2019, según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aún no recogen el balance del último trimestre del año recién terminado. Si se toma como referencia el número de divorcios por cada 10.000 habitantes, Aragón arroja una tasa de 4,6, en el puesto número 13 dentro del listado de las 17 autonomías, solo por delante de Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura. El descenso del número de solicitudes de divorcio cursadas se ha debido a dos causas. La primera, el parón de la actividad judicial en la etapa del confinamiento más estricto, que ha ralentizado los procedimientos de divorcio y separación. Y la segunda, la crisis económica, que ha llevado a muchas parejas a prolongar su situación de convivencia problemática por no tener recursos para afrontar los gastos de la ruptura. El periodo de menos divorcios fue el segundo trimestre del 2020, con 422, frente a los 729 que se habían formalizado un año antes. En el primero hubo 601 (por 912 en el 2019) y en el tercer trimestre, 616, solo dos menos que en ejercicio anterior.
«Al final del estado de alarma se dispararon las solicitudes de divorcio, o al menos la voluntad de divorciarse, pero esta tendencia se frenó más tarde», explica la letrada Eva María Vera, consultora jurídica de la Asociación de Separados y Divorciados de Aragón y miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). «El confinamiento exacerbó los problemas de convivencia que ya había en la pareja y que, debido a la reclusión forzosa, en algunos casos generaron situaciones dramáticas», señala Vera. «Desde el punto de vista psicológico, el encierro produjo unos efectos muy negativos que acabaron afectando a la vida en común», añade.
El paro frena la tendencia
Pero, al mismo tiempo, las restricciones impuestas a la movilidad complicaron la situación económica y llegó una época de más paro y creciente desempleo temporal. «Las parejas se dieron cuenta de que, en esas condiciones, con un sueldo era imposible hacer frente a la duplicación de gastos que entraña una ruptura», indica Vera.
La hipoteca pesa tanto sobre la economía familiar que, para una gran mayoría, irse a un segundo piso es algo que está fuera de su alcance. A lo que hay que añadir el pago de las pensiones de alimentos para los hijos, en el caso de tenerlos o no haberse independizado.
En esta tesitura, en caso de interrupción de la convivencia, es frecuente que uno de los dos miembros de la pareja vaya a vivir a la casa de sus padres ante la imposibilidad de pagar el alquiler de una vivienda, explica Ana María Vera. «La crisis económica ha parado el mercado inmobiliario, los pisos tardan en venderse y, si se consigue un comprador, es bajando mucho el precio», continúa la abogada.
Por ese motivo, muchos matrimonios que se van a separar optan por el sistema de adjudicación de la vivienda a uno de los miembros de la pareja en lugar de por la venta a terceros.
De forma que las rebajas salariales y los ertes congelaron los planes de separación, que no obstante seguirán adelante cuando lo peor de la recesión quede atrás. «Es posible que haya más divorcios, pero tampoco aumentarán de forma exagerada», opina la abogada de familia.
Pero Aragón no sigue la tendencia general de España, dado que en todo el país el número de demandas de separación y divorcio aumentó hasta las 25.732 en el tercer trimestre de 2020, un 16,6% más con respecto al mismo periodo del 2019, según el Consejo General del Poder Judicial.
Se registraron 14.835 demandas de divorcio consensuado, un 17,7% más que las presentadas en el mismo trimestre de 2019, y 9.809 demandas de divorcio no consensuado, un 15% más. Por lo que respecta a las demandas de separación, se presentaron 783 consensuadas, lo que representa un incremento del 19,7%, y 305 no consensuadas, un 6,6% más. Mientras, el número de demandas de nulidad, 14, fue un 16,7% superior a las presentadas en el tercer trimestre del 2019.
Canarias y Valencia, a la cabeza
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del año con la población a 1 de enero del 2020, el mayor número por cada 10.000 habitantes se dio en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con 6,6. Les siguen en demandas Baleares (6,1); Andalucía (5,9); Asturias y Cantabria (5,7); Galicia (5,6); y Murcia (5,5). En la media nacional (5,4) se sitúa Cataluña y por debajo, Castilla y León y País Vasco (4,3); Madrid (4,4); Aragón (4,6), Navarra (4,9), La Rioja (5,2) y Castilla-La Mancha y Extremadura (5,3). En el tercer trimestre también registraron aumentos las demandas de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos. El incremento interanual es de 56,8%. Subieron las demandas de modificación de medidas consensuadas (2.991, un 28,3% más), mientras que las no consensuadas (7.376) se incrementaron un 8,6%.
