Quien haya sufrido algún delito judicializado conoce el fenómeno que se conoce como victimización secundaria, que engloba todas las complicaciones derivadas del proceso de denuncia e investigación, desde acudir varias veces a comisaría y al juzgado hasta tener que encontrarse cara a cara con su agresor, ladrón o el delito que sea. Si es complejo para cualquiera, la situación se agrava si la víctima padece una discapacidad intelectual. Esta se traduce en la ley en un mayor castigo para el delincuente, pero poco se había pensado en la propia víctima al legislar.

Para ello, Atades puso en marcha hace tres años la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI), con la que pretenden facilitar todas las fases del proceso, desde la decisión de denunciar a la denuncia misma, pasando por el proceso de investigación judicial. Solo con un caso la unidad ya estaría justificada, pero en estos tres años han trabajado en 66, la mayoría (43) de mujeres y niñas, mayoritariamente relacionados con violencia de género y doméstica. De estos casos han dado alojamiento de urgencia a cuatro personas y tutelado a tres. La formación que ofrecen a expertos de la Policía, Guardia Civil, sanitarios o de Servicios Sociales ha alcanzado en apenas dos años a casi 1.300 personas.

El equipo de la UAVDI lo componen actualmente una coordinadora, Victoria Ledesma, en su doble condición de abogada y trabajadora social, un psiquiatra y dos psicólogas, entre ellas Brisa Reina. Ella es una de las que actúa como facilitador, una figura que no se había contemplado hasta la promulgación del Estatuto de la Víctima en el 2015, y que es clave en el proceso. El facilitador, explican Reina y Ledesma, es quien auxilia a la víctima desde el primer momento, de forma. «No es un perito, evalúa las capacidades de la víctima para, teniendo en cuenta las dificultades, implementar apoyos con los que salvar cada una».

Estas dificultades son de muy diversa índole, y se requiere formación para apreciarlas, porque de lo contrario el testimonio puede llegar viciado a la Policía o al juzgado sin que nadie se dé cuenta de ello. Y afectan también a la comisión del delito, facilitándole. Es fácil pensar en una estafa, aunque de hecho estas suelen ser más problemáticas para quienes padecen una discapacidad ligera, al tener más trato con la gente y menos sobreprotección familiar.

Según Ledesma, uno de los problemas más comunes para las víctimas es «la deseabilidad social», el afán que casi todo el mundo tiene de caer bien, de agradar, y que en los discapacitados es más acentuado. Esto propicia tanto el delito (por ejemplo el abuso, por no ser capaz de negarse) como una distorsión en las declaraciones, por temor a decir algo que pueda desagradar. Si el experto detecta que la deseabilidad es alta, por ejemplo, puede desarrollar estrategias para convencer a la víctima «de que no me voy a enfadar, me diga lo que me diga», explican las expertas. Otros problemas que se encuentran son la aquiescencia, la tendencia a decir que sí, o a responder con la última opción que se le ofrece, si es una pregunta abierta. Para ello, se vuelve a formular la pregunta más adelante en el interrogatorio, cambiando el orden de las opciones, para ver si coinciden las respuesta.

También es común a estas víctimas la dificultad de ubicarse en el espacio o el tiempo. Algo que en un proceso judicial es clave para la credibilidad, y que a ellos «les cuesta mucho». Se puede «ir acotando» a base de situarlo, por ejemplo, antes o después de una fecha señalada, una actividad rutinaria o un sito que conozca mucho.

Estos y muchos otros factores los tienen en cuenta los expertos de la UAVDI para preparar el interrogatorio a una víctima. En algunos casos, ideales, este se desarrolla en las instalaciones de la unidad, que cuentan con una sala donde la víctima esté solo acompañada de un agente policial y el facilitador, para estar más tranquila «y no distraerse». La sala cuenta con un espejo que por el otro lado es transparente, de forma que el resto de expertos están viéndolo en la habitación contigua.

Estos interrogatorios con expertos quedan grabados como prueba preconstituida, que evita a la víctima tener que repetir en comisaría. Pero el sistema judicial sigue requiriendo presencia periódica, algo que están tratando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.