Un total de 12 personas residentes en las provincias aragonesas se encuentran en prisión por la comisión de delitos relacionados con el tráfico de vehículos, según el informe Seguridad vial y su incidencia en el ámbito penitenciario, realizado por el Ministerio del Interior y que abarca hasta el año 2019. Zaragoza encabeza la lista, con 8 presos, seguida de Teruel, con 3, y Huesca, con 1. Se trata de un número bajo en el conjunto de España, donde los últimos datos disponibles revelan que hay 1.159 personas en la cárcel por delitos contra la seguridad vial.
Madrid, con 118 conductores residentes, seguida de Málaga (con 58), Sevilla (56) y La Coruña (55), son las provincias con mayor número de presos, por delante de Valencia y Pontevedra, con 53 automovilistas cada una de ellas. Frente a estas cifras, los conductores aragoneses (o más genéricamente residentes en la comunidad) suponen solo el 0,11% del total en términos porcentuales.
En este sentido, resulta llamativo que Zaragoza se sitúa en términos penitenciarios por debajo de provincias con menor número de habitantes. Este es el caso, por ejemplo, de Orense (9 presos), Ciudad Real (11), Valladolid (14), Navarra (22) y Granada (32), entre otras.
Los delitos contra la seguridad vial que con más frecuencia suponen la aplicación de penas de cárcel por parte del sistema judicial son por conducir sin permiso o sin vigencia del mismo, circunstancia que supone más del 50% de los encarcelamientos. Les siguen en importancia la conducción bajo la influencia de drogas y bebidas alcohólicas, la negativa a someterse a la prueba de la alcoholemia, la conducción temeraria, la creación de grave riesgo para la circulación y la conducción a velocidad superior a la permitida.
Este patrón se da en todas las provincias, pero en el caso de Aragón el número relativamente bajo de penas de prisión no permite extraer conclusiones generales, por lo que sus datos son el resultado de la extrapolación de los que arroja el conjunto del país, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El estudio del Ministerio del Interior permite determinar que las personas que están en las prisiones españolas por la comisión delitos contra la seguridad vial con carácter de principales (en el caso no infrecuente de que se condenen varios ilícitos penales al mismo tiempo) representan el 2,3% de la población reclusa actual, que es de 50.129 personas.
En este extenso grupo penitenciario los presos que están en la cárcel exclusivamente por delitos contra la seguridad vial son solo 877, frente a los 3.383 que tienen, además, otras infracciones penales más relevantes como causa principal y que a la vez entrañan una mayor pena privativa de libertad.
En total, 4.542 personas están en prisión con algún delito contra la seguridad vial, cumpliendo un total de 5.816 causas penadas por estos delitos. A estos se añaden 26 casos de homicidio imprudente con vehículo de motor, que están englobados en la tipología estadística del homicidio y sus formas. Se trata de 24 personas condenadas y dos en situación preventiva.
ELEVADO GRADO DE REINCIDENCIA
El estudio sobre la seguridad vial y su incidencia en el sistema penitenciario distingue entre dos perfiles, el de los conductores que tienen su primer contacto con la Administración penitenciaria (periodo 2016-2019) y el de quienes arrastran una carrera carcelaria prolongada en el tiempo, con ingresos y salidas en un periodo iniciado en 1998 o antes y que llega hasta el 2015. En el primer grupo, según los autores del informe, se puede tratar de personas con escasa o ninguna trayectoria delictiva, mientras que en el segundo hay un 61% de personas que están encarcelados por delito de conducción temeraria y han tenido un historial más relacionado con conductas delictivas y antisociales. En este segundo grupo se da la circunstancia frecuente de que el delito contra la seguridad vial es uno más dentro de un listado de diversas infracciones penales de carácter grave.
