El Departamento de Educación continúa adeudando a más de 500 docentes itinerantes y al profesorado de los equipos de orientación --según datos de CHA-- las dietas y el kilometraje desde el mes de abril, con cantidades que ascienden a más de 600 euros por persona.

Javier García Lisbona, responsable del CSIF Enseñanza Aragón denunció la "incapacidad manifiesta del departamento de Educación para cumplir con sus obligaciones". Los docentes se movilizaron al finalizar el pasado curso escolar para que la Administración completase los pagos que debía a más de 500 docentes de la comunidad aragonesa, pero todavía no han sido ingresados.

Según el responsable del CSIF, Educación les prometió regularizar la situación, pero algunos docentes todavía no han cobrado los meses de abril, mayo y junio. "Vemos que ha sido todo una mentira y un engaño por parte del Gobierno. Algún servicio provincial llegó a decirnos que verían si nos pagaban, es una vergüenza", explicó García Lisbona.

Los docentes afectados por estos impagos son profesores que día a día ponen su vehículo para desplazarse a los centros donde deben impartir clases, adelantando de su bolsillo gastos como la gasolina.

RETRASOS ORDINARIOS García Lisbona reconoció que en ciertas ocasiones los pagos se demoran porque los procesos administrativos y el envío de nóminas desde los centros escolares se retrasa por motivos ajenos a la Administración. "Normalmente depende de los servicios provinciales, pero sí que es verdad que las nóminas se remiten más tarde por otras causas, pero de dos meses no pasa", detalló.

Desde el CSIF ya han pensado en algún tipo de protesta para denunciar esta situación cuando empiece el nuevo curso. "Tenemos claro que algo tenemos que hacer, pero siempre sin perjudicar al resto del profesorado. Por ejemplo, deberíamos dejar de poner el vehículo propio. Si esto sigue así nos movilizaremos, está claro", aseguró.

Además de estas protestas para obtener una mayor visibilidad de cara a la ciudadanía, no descartan tomar medidas jurídicas contra el departamento de Educación. "Lo que tendremos que hacer es una reclamación formal, lo único que nos quedan son las medidas jurídicas porque si no, vemos que no van a pagar las deudas nunca". Esta es la única solución que ven ante la "cerrazón" de la Administración. "Terminamos siempre judicializándolo todo", subrayó.

"Algunas personas han tenido que poner más de 600 euros para poder costearse los viajes y las dietas y no se lo han devuelto. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros la crisis?", preguntó García Lisbona.