El responsable de Hacienda del Consejo Ciudadano de Podemos, Iván Andrés, ya advirtió ayer de que el acuerdo que facilita la tramitación de los presupuestos es un pacto de «mínimos» independiente del apoyo final, que será votado en asamblea ciudadana, y de las enmiendas que esta formación haga durante el camino parlamentario. El documento está articulado en tres ejes («una democracia mejor», «mejores servicios públicos para todos y todas»» y «más empleo de calidad y mejores vidas para todos los aragoneses»).
Entre los acuerdos suscritos, figura la modificación de la Ley de Aguas de Aragón y el Impuesto de Contaminación sobre las Aguas (ICA), creando una mesa con todos los agentes implicados que genere una propuesta «consensuada en un plazo de tres meses». Esto conlleva además una revisión del plan de saneamiento y depuración, cuestionado tanto por Podemos como por el actual Ejecutivo PSOE-CHA (fue realizado por el Ejcutivo PSOE-PAR).
Podemos pretende que antes de que acabe enero haya un nuevo director de la Radiotelevisión pública. También reclama un dictamen que cuente con el apoyo de su partido en la ponencia de modificación de la Ley de Comarcalización. Ambas cuestiones se plasman en el acuerdo.
Asimismo, Podemos logra incluir la contratación de 49 especialistas en salud mental (7 para Huesca y otros tantos para Teruel, y 35 para Zaragoza) y 80 nuevas plazas para Medicina de Familia y Enfermería. Asimismo, se incorporan los proyectos ya previstos de los hospitales de Alcañiz, Teruel, el centro de Binéfar y se añade un centro en el barrio Jesús de Zaragoza. Dentro del apartado destinado a la salud, se empleará un millón de euros a la adaptación y contratación de equipamientos de consultorios médicos en el medio rural.
Otro aspecto importante es el de la educación. Por ello, el documento firmado por ambas partes incluye la contratación de personal interino desde el 1 de septiembre y un plan de construcción de cocinas propias en los colegios públicos. También se pretende elaborar un material curricular propio en asignaturas troncales y se siguen manteniendo las construcciones de escuelas en la zona de expansión de Zaragoza, tanto en su parte sur como en su área metropolitana.
Podemos y DGA también han llegado a un acuerdo a la hora de incluir más programas de política social que facilite el acceso a la vivienda con un aumento de los recursos. De este modo, se modifican las ayudas a la rehabilitación y la eficiencia energética de modo que se priorice siempre la primera vivienda con criterios de renta, se prohíba el alquiler turístico posterior y en casos de segundas viviendas, se incentive que pasen a formar parte de la bolsa pública de alquiler social. También se contempla multiplicar por dos las ayudas para el alquiler.
Otro punto recoge la creación de un plan de conservación e investigación del patrimonio cultural que multiplicará por cuatro la inversión, junto a otro de accesibilidad al patrimonio cultural. También se prevé más apoyo a la promoción de las lenguas propias de Aragón. El acuerdo recoge una de las prioridades de Podemos, un plan público de gestión forestal sostenible y contratación de trabajadores de mantenimiento y vigilancia de espacios naturales por 10 meses. En cuanto a los bomberos forestales, un contrato único con protocolos diferenciados entre periodos de máxima y mínima activación, y que se aumente a 10,5 meses la contratación. Podemos intentó cerrar el acuerdo a 12 meses, sin aceptarlo el Departamento de Desarrollo Rural.
Otro paquete de propuestas tiene que ver con la dignificación social, por lo que se ahonda en la lucha contra la pobreza energética, se incrementa el importe de la prestación y el salario mínimo y se regula el acceso a las ayudas para el pago de la Seguridad Social de cuidadores. También se contempla la creación del título de familia monoparental, una línea de ayudas para familias que hayan tenido uno o más niños y no superen determinado nivel de ingresos y el desarrollo del pacto estatal contra la violencia de género.
Todos estos puntos, junto a un proyecto de banca pública, ayudas a la minería o a ganaderos, se incluyen en el documento firmado ayer.
