Un documento revela que el empresario del carbón Victorino Alonso presuntamente gestionaba el coto de caza de Bastarás (Huesca), donde se ubicaba la Cueva de Chaves, destruida a pesar de ser uno de los yacimientos del neolítico más importantes del país para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas.
El documento, al que ha tenido acceso Efe, es un presunto contrato de arrendamiento que suscriben un representante de los siete propietarios de los terrenos donde se localizaba el coto y el empresario en representación de la sociedad arrendataria, Fimbas.
El contrato, supuestamente suscrito el 13 de octubre de 2008, con un plazo de duración de 10 años y una cuota anual revisable de 7.290 euros, deja en manos del arrendatario la gestión del coto así como los gastos derivados de su mantenimiento.
El documento vincula a Victorino Alonso a la gestión del coto, por lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca que investiga el caso ha citado para el próximo día 4 de marzo a la persona que lo firmó en nombre de los propietarios para que acredite su autenticidad.
Fuentes del caso han asegurado a Efe que esta prueba podría constituirse en una de las últimas acordadas por el instructor antes de tomar una decisión definitiva sobre la apertura de juicio oral por estos hechos.
La última prueba testifical tuvo lugar el pasado 28 de enero y en ella, un extrabajador de Fimbas también imputado en la causa aseguró que Alonso era "el único jefe y patrón de todos los negocios" en la finca de Bastarás.
Este testigo aseguró que las órdenes para destruir el yacimiento y ubicar unas instalaciones para uso de los animales que introducían en el coto para su posterior caza partieron del empresario.
Añadió, además, que el empresario viajaba mensualmente a Bastarás para supervisar el funcionamiento del coto y las numerosas obras medioambientales realizadas "sin permiso ni licencia alguna".
En la causa están personadas como acusaciones particulares Ecologistas en Acción, Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragón y Gobierno aragonés, que sopesa la posibilidad de solicitar una indemnización de 50 millones de euros por la destrucción del yacimiento.
Las acusaciones consideran que este último testigo permitió acreditar que el empresario, como dueño de la empresa Ferpi, ordenaba el traslado de maquinaria utilizada en las obras del aeropuerto de Monflorite al coto y que fue él quien presuntamente dio la orden de actuar en Chaves.
Para el representante legal de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, las declaraciones de este testigo tienen un gran valor para el desarrollo ulterior del proceso, cuya instrucción podría cerrarse con la prueba testifical del próximo de marzo.
La destrucción de la Cueva de Chaves fue denunciada en 2009 por la fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés, que presentó toda la documentación referida a los daños causados al yacimiento, en el que trabajaba desde años atrás el exdirector del Museo de Huesca Vicente Baldellou.
Además de Victorino Alonso y del extrabajador de Fimbas, en la causa están imputadas otras dos personas vinculadas laboralmente con el empresario.
A todos ellos se les imputa un presunto delito contra el patrimonio, al que Ecologistas en Acción pretende añadir otro por daños al medioambiente en la zona de Bastarás, un coto de caza privado que permaneció vallado durante décadas.
