El robo de 70 baterías destinadas al nuevo submarino S-80, que construye la empresa estatal Navantia, ocurrido en marzo del año pasado en una nave de El Burgo de Ebro, se saldó ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza con dos años de prisión para cada uno de sus dos ladrones confesos, José Ángel Ariza Gil y Miguel Ángel Gómez Guerrero, que aceptaron su participación en el robo con fuerza y el pago de los más de 2.000 euros en destrozos provocados para entrar en el recinto.

La mercancía que robaron tiene un valor tasado de 480.000 euros, a unos 6.800 por cada batería, de unos 600 kilos. Lo que aún no está claro es quién los pagará, ya que no formaba parte del acuerdo alcanzado por los letrados de los cacos -Olga Oseira y Javier Elía- y la abogada del Estado, en representación de Navantia, se reservó las futuras acciones civiles.

Habrá que aclarar, por ejemplo, si el recinto de la empresa Lackar Pack no tenía vigilancia ninguna, pese a los más de dos millones de euros en mercancía que albergaba. Así se supo en el momento del robo, pero ayer no se hizo referencia a ello. También queda por fijar el estado de las baterías, que según los investigadores de la Guardia Civil que declararon ayer estaban deterioradas, «con algo de óxido» y con abolladuras propias de haber sido arrastradas.

RECICLAJE

A esto parecen agarrarse las defensas de los tres chatarreros acusados (Fiscalía pide un año y medio de cárcel por receptación para cada uno), defendidos entre otros por Nadia Brahim. El propietario y un extrabajador de Shunde Hermanos, J. Z. y J. I. V. V., respectivamente, coincidieron en que parecían viejas, aunque no les llamó la atención semejante tamaño de baterías. Las pagaron al precio habitual de chatarra, unos 12.000 euros por las 44 que recibieron.

El tercer chatarrero -en realidad suegro del propietario del desguace Ángel Torres, porque su yerno estaba de vacaciones- también negó que supiera que eran robadas. Reconoció como el vendedor al sexto acusado, J. A. G., a quien sin embargo no conocían los otros dos confesos. Él explicó que le habían «robado el DNI», lo que denunció, y que eso podría explicar el uso de sus datos y fotocopia de carnet en la venta.

El robo, ocurrido en marzo del año pasado en diversas sesiones, lo descubrió la Guardia Civil a raíz de que a Ariza y Gómez se les quedó atascado el camión en el barro, con varias baterías dentro, y tuvieron que pedir ayuda a la grúa para remolcarlo.

Los investigadores acabaron por recibir una denuncia del administrador de Lackar Pack al lunes siguiente, y rastrearon el destino de las baterías. Las encontraron en diversos establecimientos de Zaragoza y Bilbao, aunque como estas las compraron a otros comercios, sus responsables no están imputados.

Finalmente lograron recuperar 68 de las 70 robadas. Algunas, por un capricho del destino, compradas por la misma empresa que las había fabricado, Exide Technologies. Estas no llegaron al submarino, cuya botadura se prevé para el 2020.