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FALLO JUDICIAL EN HUESCA POR UN DELITO CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Dos años y medio de cárcel a Victorino Alonso por destruir la cueva de Chaves

El empresario deberá además pagar una indemnización de 25 millones

 

El empresario Victorino Alonso se dirige a la sala de vistas ante una concentración de denuncia. - EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

F. V.
12/11/2016

El peso de la ley ha caído sobre el polémico empresario leonés de la minería Victorino Alonso por la destrucción del más importante resto del Neolítico en Aragón: la cueva de Chaves, que atesoraba pinturas rupestres comparables a las de Altamira. Maquinaria pesada de su empresa arrasó este enclave arqueológico para hacer instalaciones de un coto de caza.

Tras un proceso judicial de casi diez años, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca le ha impuesto dos años y medio de cárcel por un delito contra el patrimonio histórico en tanto que responsable de los daños infligidos al yacimiento prehistórico, situado en el municipio de Casbas, en la Hoya de Huesca.

Asimismo, Alonso deberá indemnizar en 25,4 millones al Gobierno de Aragón como propietario de la cueva. En cambio, el juzgador considera que el empresario, que fue juzgado el pasado 22 de septiembre en la capital oscense, no es responsable de un delito contra el medio ambiente, como sostenía una acusación, y le absuelve del mismo.

La empresa Fimbas, SA, que gestionaba el coto de caza, es declarada responsable civil subsidiaria y deberá asumir las costas del proceso, que se inició en el 2009, si bien la denuncia data de dos años antes.

La defensa del empresario emitió ayer un comunicado en el que manifestó que recurrirá la sentencia por considerar que presenta «notables contradicciones» que no desvirtúan la inocencia de su cliente.

Las obras que supusieron la destrucción del enclave consistían en la habilitación de comederos y abrevaderos para la cría de cabras, y además se extrajeron escombros de la cueva para la construcción de un dique.

La sentencia describe que Victorino Alonso ordenó la realización de los trabajos en el interior del refugio natural. Según el juez, el empresario «no solo era conocedor de la existencia del yacimiento, sino también de su valor arqueológico y por consiguiente también» de que estaba protegido.

Este argumento tira por tierra la versión dada por Alonso en el juicio, donde afirmó que él no había ordenado la destrucción del yacimiento y achacó los problemas a la «dejadez absoluta» del Gobierno de Aragón. Asimismo, manifestó que desconocía la existencia de las pinturas rupestres, hasta que se formuló la denuncia, y que él se desplazaba ocasionalmente al coto a cazar.

El fallo judicial señala que una retroexcavadora de gran tonelaje llevó a cabo operaciones en la cueva, abierta al exterior, sin que hubiera presente un arqueólogo. Los movimientos de la máquina arrasaron y destruyeron casi todos los niveles arqueológicos del Neolítico que había en la cueva de Chaves.

ABSOLUCIÓN

En su sentencia, el magistrado oscense considera asimismo que Fimbas, SA, era conocedora de la existencia del yacimiento arqueológico, de su protección y de la necesidad de solicitar autorización a la DGA.

Pese a darse estas circunstancias en que ni el empresario ni la empresa ignoraban el valor del enclave, Victorino Alonso «tomó la decisión de vaciar la cueva de Chaves con el fin de utilizarla para el interés de la empresa y la explotación del coto de caza».

Alonso, a quien acusaban también Ecologistas en Acción y la asociación Apudepa, dedicada a la protección del patrimonio histórico aragonés, es absuelto sin embargo en la misma sentencia de un delito contra el medio ambiente.

La sentencia priva de validez la versión del empresario que trataba de diluir la culpa alegando contra el arqueólogo Vicente Baldellou, ya fallecido, el operario que manejaba la retroexcavadora y la propia Administración.

Sin embargo, la DGA no se libra de críticas, pues el magistrado considera que una adecuada señalización del yacimiento, así como la realización de una labor de vigilancia, circunstancias que no se daban en la realidad, hubieran podido tener un efecto de aviso sobre los empleados y sobre terceras personas en un paraje situado en una finca privada del término despoblado de Bastarás, cerca de Huesca. 

   
2 Comentarios
02

Por el patillas 16:48 - 12.11.2016

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En 1994 compró Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la mayor compañía privada de explotaciones carboníferas del país, que se encontraba en quiebra y en poder de Caja España. Esta operación fue investigada por la Unidad Especial de Vigilancia y Represión del Fraude Fiscal de Castilla y León, que intentó determinar la procedencia de los 2.000 millones de pesetas que Alonso -que previamente se había declarado insolvente- había depositado para la compra. La investigación topó con un complejo entramado de empresas en las que figuraban como administradores tanto Alonso como dos de sus testaferros, y el empresario manifestó en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que desconocía la procedencia del dinero.4

01

Por el patillas 16:47 - 12.11.2016

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Esta es parte de la biografía de este empresario que aparece en Wikipedia; En 1996, un informe llevado a cabo por la unidad de policía judicial de la Guardia Civil revelaba que, pese a ser declarado insolvente por varios juzgados, Alonso poseía y dirigía un complejo entramado societario de unas 30 empresas, con un valor real de cerca de 20.000 millones de pesetas, un capital social superior a los 2.000 millones y un movimiento de dinero en suministros de unos 40.000 millones.26 Según este documento, en 1989, Alonso sólo era propietario de 40 acciones de Hullas de Barruelo, sin encontrar explicaciones para su descomunal incremento de patrimonio, hallando indicios de que podría estar cometiendo graves fraudes fiscales.26 El Ministerio de Industria informó posteriormente de que no iniciaría investigaciones sobre las presuntas irregularidades fiscales, tributarias y financieras que ponía de manifiesto el informe. Una de las actitudes más censuradas del Grupo Alonso es la de no pagar las nóminas de los obreros hasta no recibir las ayudas pactadas con la administración.14 En enero de 2010 el Consejo de Ministros autorizó la concesión a Unión Minera del Norte de 81,6 millones de euros, y a Coto Minero Cantábrico de 55,2 millones.15 No obstante, los sindicatos denunciaron que en el plazo de un año, el Grupo Alonso había dejado de pagar hasta en cinco ocasiones a sus empleados,16 como medida de presión hacia el Gobierno, de quien viene demandando más ayudas. Una Autentica joya de persona. Pues nada, que no ingrese en prision, que es un bendito.