La magistrada que investiga el caso del cura de Borja ha citado a declarar a las religiosas concepcionistas y a las clarisas en el mes de agosto. Ambas congregaciones se habrían visto perjudicadas por la acción como albacea de mosén Florencio Garcés en el reparto de una herencia, según el último informe realizado por la Guardia Civil.
Con esta acción, la titular del Juzgado de Instrucción de Tarazona pretende saber si van a ejercer como acusación en este asunto de presunta apropiación indebida por parte del sacerdote que, al parecer, sufría extorsiones del clan de etnia gitana Zapato Veloz.
De no hacerlo, estas monjas asumirían el posicionamiento de la Diócesis de Tarazona que consideró que no se había visto perjudicada con la descapitalización de las cuentas parroquiales, atendiendo a que todo fue por motivos solidarios. De esta forma, el caso podría archivarse, tal y como señalan los abogados del cura, Enrique Trebolle y Antonio Val-Carreres, quienes consideran que el Estado no tiene competencia en un tema de la Iglesia católica.
El último estudio realizado por la Benemérita señala que Florencio Garcés no solo se apropió de 168.186,60 euros, sino que también retuvo, junto al otro albacea, el 10% de la venta de una casa que debía haber sido repartida entre diferentes instituciones católicas.
Por tanto, dejaron de ingresar 12.000 euros el seminario mayor de la Diócesis de Tarazona, otros 6.000 euros las religiosas concepcionistas de Borja y otros 6.000 las clarisas. En un primer momento hubo un movimiento de similares características con respecto a la Fundación Benéfica Hospital Sancti Spiritus --administra el Ecce Homo--, si bien los 12.000 euros que les retuvieron en un primer momento fueron satisfechos meses después. Sí cumplieron lo pactado con respecto a la parroquia que dirigía Florencio o con Cáritas.
