Cuatro personas, entre ellas dos expolicías nacionales y un exguardia civil, se han sentado este martes en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza acusadas de estafa, y alternativamente de apropiación indebida de 50.000 euros, por abrir supuestamente cuentas bancarias en las que recibieron fondos de una sociedad de inversiones, Juspar, que no se destinaron al fin previsto. Los hechos se remontan al año 2014.

La supuesta estafa, por la que todos se enfrentan a un año de cárcel, salvo J. L. C. T., para quien la fiscal pide seis meses tras aplicar la atenuante de reparación del daño, giró en torno a un negocio, que nunca se materializó, para importar crudo de Camerún a través de una sociedad que no llegó a formalizarse y que debería haber tenido su sede social en Panamá. La indemnización solicitada por las acusaciones asciende a 50.000 euros.

El proyecto fue diseñado por J. L. C. M., quien falleció en el 2017. Este, al parecer, se sirvió de conocidos suyos para encauzar fondos que, según la acusación, no se dedicaron a lo que estaba planeado, ya fueran gestiones bancarias o retribuciones por gastos en los que se incurrió en Panamá.

Las defensas han negado que hubiera delito y subrayan que ninguno de los acusados (J. L. C. T., Á. G. R., S. G. C. y M. G. V.) se lucró de las cantidades ingresadas en sus cuentas. El letrado Antonio Vargas subraya que sus defendidos «actuaron de buena fe» y eran «ajenos a los artificios» del responsable del negocio, quien «engañó» tanto a la sociedad Juspar como a los acusados con respecto a la finalidad de las cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias.

Uno de los acusados, A. G. R., ha declarado que el impulsor del plan había prometido una elevada rentabilidad gracias a que Camerún se disponía a multiplicar por diez su producción de crudo, lo que requeriría la construcción de puertos secos. Ha afirmado haber puesto y perdido 126.000 euros durante dos años en la operación, antes de que se enterara de que "todo era falso".

Otro acusado, M. G. V., ha asegurado que J. L. C. M. le había prometido hacerle jefe de seguridad de sus empresas si el negocio salía adelante.

J. L. C. T., hijo del promotor del negocio, ha manifestado que abrió una cuenta a su nombre de la que sacaba dinero para su padre, del que desconocía a qué tipo de negocios se dedicaba. "Mi padre tenía problemas económicos, embargos, y llegamos a ser desahuciados".

Esta situación, ha asegurado, continuó tras la muerte de su progenitor con la llegada de reclamaciones, facturas inesperadas e incluso una hipoteca sobre la casa de la abuela que se extiende hasta el año 2037. "Era bastante agresivo y le teníamos miedo", ha concluido.