Antonio Asín fue condenado a siete años de inhabilitación para cargo público, con el voto en contra de uno de los magistrados, por las irregularidades de tramitación halladas en dos facturas por trabajos que se realizaron efectivamente. El caso hacía referencia a las acciones llevadas a cabo para la instalación de una empresa agroalimentaria en la localidad de Mallén y muchos vecinos del pueblo, lindante con Navarra, ven con buenos ojos los esfuerzos del equipo socialista por atraer industrias a su término. Inicialmente, Asín estaba acusado de varios delitos, pero todos, salvo uno, fueron descartados por el tribunal, que redujo asimismo la pena, que incluía 14 años de cárcel, a la pérdida del cargo siete años.