Dos imputados en la operación Molinos, Vicente Rodrigo López y Julio Herrero, responsabilizaron ayer al gestor que llevaba las cuentas de su empresa de la irregularidad por la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para ellos dos años de prisión y 902.700 euros de multa como presuntos autores de un delito de fraude tributario y otro de falsedad.

"Yo no tengo ni idea de contabilidad. Lo que hiciera el asesor, hecho estaba. Y si se equivocaba, nos equivocábamos todos", declaró Rodrigo.

Nuevos Hogares, empresa de los acusados, recibió la adjudicación de un contrato del Ayuntamiento de La Muela para construir un colegio a cambio de un terreno. Este estaba valorado en 1,3 millones, la obra costó 2,6 --entregaron además una cantidad en metálico al consistorio-- y fue hipotecado por 2,8.

Según las acusaciones, los acusados defraudaron a la Hacienda Pública 433.809 euros en el Impuesto de Sociedades del 2007 al declarar un valor menor al real para ese suelo.

Junto a Rodrigo y Herrero se sentó en el banquillo otro empresario, L. A. L. T., que en un año les facturó más de 300.000 euros por servicios de vigilancia: las 24 horas de casi todos los días del año a 23 euros la hora.

En la vista comparecieron como testigos otros imputados en la operación Molinos, como el arquitecto del Ayuntamiento de La Muela, Francisco Núñez, o el asesor contable de Carmelo Aured, José Antonio Puyadas.