Los jueces que investigan las dos piezas más avanzadas de los casos Plaza1 --José Ignacio Martínez, del Juzgado de Instrucción número 1, que lleva el caso saqueo, y Francisco Picazo, de Instrucción 5, encargado del caso pagarés-- consideran indiciariamente acreditados saqueos que suman casi treinta millones de euros en la gestión de la plataforma logística, según señalan en varias resoluciones.
El primero de esos magistrados emitió a primeros de octubre un auto en el que cifraba en trece millones de euros el desfalco generado mediante sobrefacturaciones de obras, pagos en especie asumidos por la UTE liderada por Acciona y la simulación documental de trabajos inexistentes.
En otra resolución, emitida a mediados de septiembre, vincula a los dos exgerentes de la UTE, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, con actuaciones que pudieron suponerles, indiciariamente, un enriquecimiento ilícito de seis millones de euros. Por ese motivo les impuso sendas fianzas de responsabilidad civil de seis y dos millones de euros como condición para que pudieran recuperar sus pasaportes y regresar a sus puestos de trabajo en Brasil y Colombia. Acciona, que afianzó las dos cantidades, recuperó los dos millones de Bretón tras regresar este a España a finales de diciembre.
SOSPECHAS RAZONABLES El auto alude a la existencia de "sospechas razonables" de que ambos "sustrajeron caudales y efectos" de la UTE o que, "mediante maniobras falsarias" los destinaron "a fines distintos de la ejecución de las obras contratadas". Realizaron esas actuaciones, añade la resolución, "en contubernio con otras personas que intervenían o tenían relación con el desarrollo" de los trabajos que fueron adjudicados a la unión de empresas.
El primero de esos autos apunta que Jordán y Bretón "fueron obteniendo indebidamente fondos públicos" de Plaza y que ese dinero fue desviado "al patrimonio de los dirigentes de las empresas adjudicatarias y de los directivos de la sociedad pública".
La fianza, señaló el juez, "pretende preservar el patrimonio de los imputados para asegurar la hipotética responsabilidad civil proveniente del delito de malversación (...) y la conservación de los efectos propios del delito de blanqueo, así como los bienes en que hayan sido transformados y sus ganancias".
El juez Martínez desgrana en varias resoluciones las elevadas cifras del patrimonio y los negocios del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y su familia que investiga la Brigada de Blanqueo: 411.000 euros en metálico intervenidos en el ático de Salou, más de 600.000 recibidos por su esposa --Elena Planté-- al disolver Leónica Promociones, más de un millón facturado por Pulsar --empresa de sus hijas Carolina y Patricia-- a contratistas de Plaza y casi 300.000 en obras y trabajos de decoración e interiorismo en varias casas.
PAGARÉS A falta de las conclusiones a las que puedan llegar los jueces Mercedes Terrer --investiga en Instrucción 3 un presunto sobrecoste de 3,1 millones en el caso PDL-- y Alfonso Tello --indaga en Instrucción 12 las contratas del apartadero ferroviario y de la zona de reserva de Plaza, adjudicados a la UTE de Acciona por 15 millones--, Picazo ha reflejado en un auto del caso pagarés la existencia de "suficientes indicios" de que Codesport --propiedad de Agapito Iglesias-- hinchó facturas de las obras de Autocity en 14 millones, parte de los cuales recibió mediante pagarés firmados por García Becerril y por el exconsejero delegado de Plaza --Carlos Escó--. También alude a la "razonable posibilidad" de que esa cifra "pasara a manos de las personas ya imputadas así como también a las del constructor".
