Una empresa de capital holandés eligió siete hectáreas de la localidad zaragozana de Tauste para montar un invernadero de marihuana con fines médicos. Sufrieron varios robos y al final siete personas (cuatro socios, el administrador y dos empleados) fueron detenidas por la Guardia Civil como supuestas autoras de un delito contra la salud pública en diciembre del 2018, después de que el cannabis intervenido superara 0,2% de THC (Tetrahidrocannabidol) estipulado para el cultivo de cáñamo industrial. Un análisis que varía, según qué organismo o laboratorio lo estudie.

El Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Aragón estimó que el porcentaje de THC era del 1,36%, mientras que mandada la sustancia a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo consideró que estaba en un 0,5%.

Unos resultados que evidencian, según la defensa de los imputados, el penalista José Cabrejas, que “bien el laboratorio de Zaragoza, el de Madrid o ambos han realizado de forma incorrecta los análisis de las muestras”. “Es inadmisible una diferencia entre ambas de más del 200%”, señala este letrado en un escrito por el que acaba de recurrir el procesamiento de los arrestados decretado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea que les sentaría en el banquillo de los acusados por un delito de tráfico de drogas.

Antes de que la sustancia valorada en dos millones de euros fuera destruida, fue analizada por el Área de Ciencia y Seguridad del CTAEX cuya responsable emitió otro informe en el que aseveró que todas las muestras examinadas tenían un porcentaje inferior al 0,2% de THC. A esta incertidumbre de resultados, desde la defensa añaden que los porcentajes en el cannabis con fines ilícitos suele ser de entre el 15 y hasta el 25% de THC.

No es la única razón en la que se basa el letrado en su solicitud de desestimar el procesamiento, sino que también rechaza que la empresa Unión Verde SL requiriera de autorización previa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. “Este visto bueno es preceptivo si la finalidad de estos cultivos no es el industrial del cáñamo (obtención de fibra, semillas u hortícola), incluso cuando se emplean certificadas de variedades inscritas en el catálogo de la Unión Europea.

Asimismo, niega que los detenidos ocultaran dentro de una vivienda ajena a la explotación agrícola unos 340 kilos de cogollos, presentando los planos de la empresa en la que se observa que está centro del recinto vallado y que se almacenaron ahí porque “tuvieron que elevar al máximo las medidas de seguridad en aras a evitar cualquier robo en las instalaciones”.