Aragón contará a principios del año que viene con dos nuevas leyes que pretenden regular de forma integral los hechos diferenciales y singularidades que la comunidad tiene en materia territorial y en cuanto a su historia, presentadas de forma conjunta por los grupos parlamentarios del PP y del PAR.

Los presidentes de ambos grupos, Luisa Fernanda Rudi y José Ángel Biel, respectivamente, han presentado hoy en rueda de prensa estas dos proposiciones de ley con las que se racionalizará y modernizará la administración local, para regular el reparto competencial entre instituciones, y se actualizarán los derechos históricos de Aragón.

La proposición de ley sobre la distribución de competencias administrativas reconoce el modelo territorial propio de Aragón e introduce normas para racionalizar, modernizar y evitar duplicidades en las competencias de las diferentes administraciones, siguiendo los principios de eficacia, subsidiariedad y sostenibilidad.

Todo, según ha dicho Rudi, para garantizar unos servicios públicos de calidad en una comunidad con 731 municipios, de los que el 70% tienen menos de 500 habitantes.

Rudi ha recordado que en las Cortes se creó una ponencia de estudio para analizar el reparto competencial, que no generó "excesivo interés" entre la oposición, que llegó a abandonar esta ponencia, y que por ese motivo el PP y el PAR han ejercido su responsabilidades presentando estas proposiciones.

La propuesta del PP y el PAR pretende garantizar la autonomía loca, el fomento de la participación ciudadana y la coordinación entre administraciones y desglosa, "una por una" según Rudi, todas las competencias que prestará cada una de ellas.

Además, el texto incluye la disminución en un tercio del número de consejeros comarcales actual, y permite el proceso para la creación de la llamada comarca 33 (la del área de influencia de Zaragoza) y de la promulgación de la ley de Capitalidad.

A este respecto, Rudi, como presidenta del Gobierno, ha explicado que la ley de Capitalidad se presentará con formato de proyecto de ley, espera que sea en octubre, y que será entonces cuando el Ejecutivo emprenda "conversaciones formales" con el Ayuntamiento de Zaragoza para conseguir llegar a un acuerdo.

Respecto a la ley de actualización de los derechos históricos, pretende aportar una visión "moderna y pragmática" de su estatus político, derecho civil propio, territorio y cultura, "insertado en un proyecto común de la nación española", a la vez que se refuerza y protege la identidad aragonesa.

Una de las propuestas de la ley es la aplicación de la vecindad civil aragonesa más allá del lugar de residencia, con el "consiguiente derecho" a votar en las elecciones autonómicas, en tanto en cuanto las Cortes de Aragón regulan aspectos de derecho civil.

También se prevé la creación de la Academia Aragonesa de la Historia, con la que se quiere "aportar rigor histórico" al pasado milenario de Aragón y de la que formarán parte destacados académicos e investigadores.

Según Biel, servirá para defender a Aragón de las "injerencias" que se cometen por parte de otras comunidades que en determinados momentos tergiversan la historia de Aragón.

En la ley se declararán de interés general todos aquellos bienes y archivos que integran el patrimonio cultural e histórico del Reino de Aragón, y que podrán ser expropiados. La actual Ley, según ha explicado Rudi, sólo permite la expropiación de bienes inmuebles y no muebles.

También tendrán condición de protección legal los bienes patrimoniales "que hayan salido de la comunidad sin el título válido de su propiedad".

Para el presidente del PAR y de las Cortes, José Ángel Biel, se trata de dos leyes "excepcionales", también en España, mientras que Rudi ha precisado que la ley de derechos históricos no cuantifica económicamente estos derechos.

Es decir, que nada tiene que ver con la posible y futura aplicación del artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que prevé la suscripción de un convenio bilateral de financiación con el Estado.

Las únicas otras dos autonomías que tienen reconocidos derechos históricos en sus estatutos, Navarra y País Vasco, tienen un sistema foral de financiación y no pertenecen al régimen general.