Dos responsables de la Policía Local de Teruel, el intendente y un oficial, declararon ayer en los juzgados por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa. Los hechos se remontan al 2006, por el supuesto acoso laboral sufrido por una agente. En los próximos días tendrán lugar más declaraciones, mientras el equipo de gobierno lamenta que el asunto se haya judicializado. E. P.
