Dos promotores de viviendas han sido llamados a declarar en calidad de imputados en relación con el presunto fraude en la venta de pisos en las urbanizaciones Parque Goya I y II, en Zaragoza. Sobre las inmobiliarias a las que representan pesa la sospecha de haber cobrado sobreprecios ilegales en dinero negro que oscilan entre los 6.000 y los 24.000 euros por vivienda.
Natividad Rapún, titular del Juzgado de Instrucción número 6, ha tomado esta decisión tras interrogar a más de doscientos compradores de viviendas de protección oficial (VPO).
Al parecer, en el curso de la instrucción del caso por un supuesto delito de estafa, que se ha prolongado más de ocho meses, algunos de los adquirentes de viviendas afirmaron ante la juez que habían debido abonar cantidades superiores a las estipuladas en la escritura.
La sospecha de haber recurrido a prácticas fraudulentas en la venta de viviendas de protección oficial se extendió, al destaparse las irregularidades en el año 2002, a ocho empresas, dos cooperativas y seis promotoras privadas.
COOPERATIVAS EN REGLA Sin embargo, los testimonios aportados por los compradores durante las diligencias judiciales habrían dejado claro que el cobro de sobreprecios sólo fue exigido por dos de las promotoras privadas. De esta forma, en adelante quedarían fuera de la investigación judicial las cooperativas Victoria Martínez y Puente de Santiago.
Las urbanizaciones Parque Goya I y II, que se sitúan a ambos lados del inicio de la autovía de Huesca, en la zona de mayor expansión urbanística de la capital aragonesa, empezaron a construirse a finales de la pasada década. Las presuntas irregularidades salieron a la luz pública en el otoño del año 2002, a raíz de las denuncias presentadas por varios compradores ante la Diputación General de Aragón.
Los servicios técnicos de la Administración autonómica elaboraron entonces un informe cuyas conclusiones fueron puestas en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para que dilucidara si existía algún tipo de responsabilidad penal.
Las promotoras investigadas tanto por la DGA como por el juzgado de instrucción de Zaragoza son Naturaleza y Espacio, Fincas Cesaraugusto, Construcciones Moneva, Censi-Sierra Vicort, Alquileres Alge y Conques Urbana.
En la comparecencia de los dos promotores llamados a declarar, la juez instructora interrogará a los imputados sobre el papel que desempeñan en sus respectivas empresas, que no se ha podido determinar en el transcurso de la toma de declaraciones a testigos.
Durante las pesquisas practicadas por el juzgado de instrucción, salió a relucir que en torno a las viviendas de ambas urbanizaciones, cuyo precio oscilaba entre los 53.000 y los 91.000 euros, se daban otras irregularidades de carácter administrativo. Así, se comprobó que algunas habían sido arrendadas por sus propietarios (algo que está prohibido durante los primeros años tras la adquisición), otras no estaban habitadas y unas cuantas se utilizaban como segundas residencias.
