La Diputación Provincial de Huesca (DPH) celebrará hoy su pleno de constitución, en el que el socialista Miguel Gracia volverá a ser nombrado presidente de la institución provincial. La formación del pleno provincial se retrasó respecto a las de Zaragoza y Teruel por las reclamaciones por un voto en Estopiñán del Castillo, que paralizó la constiución de la corporación comarcal de La Ribagorza y, a su vez, la de la diputación provincial.

De lo que no hay duda, a diferencia de lo que ocurrió en Teruel, es de quién será el presidente, dado que los socialistas obtuvieron mayoría absoluta, con 13 de los 25 diputados provinciales, que compartirán corporación con los 8 del PP, 3 del PAR y 1 de Ciudadanos. Los socialistas oscenses propusieron a Miguel Gracia para revalidar la presidencia de la institución provincial, después de que este renunciase a su puesto de diputado autonómico por considerar su perfil más municipalista y de gestión. Y será investido de nuevo, tras la sesión constitutiva de hoy.

Esta está convocada para el mediodía en la sede de la DPH, y se desarrollará como marca el reglamento. Esto es, con la lectura por parte del secretario de las normas de la sesión, la acreditación de los diputados y la constitución de la mesa de edad, que en este caso estará formada por el propio Gracia y el diputado de Ciudadanos Cristian Royo, como integrante más mayor más joven de la corporación, respectivamente.

Los diputados votarán en urna a su candidato, y el que más votos reciba, Gracia, será investido con la vara de mando para regir la institución durante los próximos cuatro años, antes de pronunciar su discurso de investidura.

Según informó la institución provincial, la constitución del pleno provincial para los próximos cuatro años la integrarán, por partidos judiciales, 9 diputados pertenecen al de Huesca; 8 al de Barbastro; 4 de Jaca; 3 de Fraga y 1 del partido judicial de Boltaña.

La oscense será la última diputación en constituirse por el problema que surgió con un voto en Estopiñán del Castillo. Se trataba de una papeleta para el PP, que fue anulada porque llevaba una inscripción, y que hubiese supuesto una victoria para los populares.

Estos recurrieron a la Junta Electoral de Barbastro, que les dio la razón. Había un empate y se tenía que sortear con moneda, que favoreció al PP. Pero entonces fue el PSOE quien recurrió a la Junta Electoral Central, que desautorizó a la de Barbastro y ratificó la decisión inicial de anular el sufragio.

El PP recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que no solo avaló la anulación del voto sino la del sorteo, que no debía de haberse celebrado hasta no haber resolución firme sobre el sufragio. Y el Constitucional, al no admitir un nuevo recurso, zanjó la polémica.