La DPH denuncia que el Gobierno le impide destinar remanentes a políticas sociales

Así lo han asegurado hoy en rueda de prensa la vicepresidenta segunda de la Institución provincial, Lourdes Arruebo, y el portavoz del grupo del PSOE, Luis Felipe, para quienes la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera es un condicionante para la acción política de la Diputación de Huesca.

Luis Felipe ha explicado que esta ley no sólo impide a la institución llevar a cabo políticas sociales en un contexto socioeconómico de crisis sino que obliga a la Corporación altoaragonesa a destinar esos remanentes a "capitalizar" a la banca mediante el pago de deuda o su inmovilización en cuenta.

El diputado ha considerado la normativa legal de estabilidad para las entidades locales como un "castigo a la buena gestión" llevada a cabo en los últimos años por la DPH, que, según ha afirmado, ha permitido bajar el nivel de deuda muy por debajo de lo legalmente establecido (un 40 % sobre un máximo autorizado del 110 %) sino obtener remanentes.

"La prioridad del equipo de gobierno de la Diputación de Huesca -ha subrayado- no es capitalizar los bancos sino atender a los ciudadanos y a las familias, y sin embargo nos lo impide el Gobierno del PP".

Uno de las acciones que, según ha explicado, no puede llevar a cabo la Institución provincial es la puesta en marcha de un plan de empleo en colaboración con los municipios de la provincia que permitiría, con una aportación de 5 millones de euros, crear 500 empleos durante seis meses.

Ha añadido que este plan, ya elaborado y preparado para su puesta en marcha, fue ideado en un contexto de desaparición de las ayudas el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) para el desarrollo de planes de formación laboral en los municipios.

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la DPH ha explicado que los 30 millones de euros de remanentes evidencian la "buena gestión" llevada a cabo en los últimos años en la Institución, que, según ha afirmado, ha tenido que hacer frente "en solitario" los planes de obras y los servicios de teleasistencia a los municipios al desaparecer las ayudas del Gobierno central.

Arruebo ha explicado que la Ley de Establidad Presupuestaria "nos está cortando la posibilidad de seguir invirtiendo en la provincia", aunque ha descartado la posibilidad de incumplir esta normativa ya que conllevaría el riesgo de la intervención de la Institución.

En cualquier caso, la diputada provincial, para quien "una mala ley nos impide que con nuestros ahorros podamos ayudar a entidades y ayuntamientos", ha expresado su intención de trasladar al Gobierno central la reivindicación de la Corporación altoaragonesa.