El equipo de gobierno socialista en la Diputación de Huesca (DPH) denunció ayer que el Gobierno central le impide destinar los 30 millones de euros de remanente obtenidos en la liquidación de los presupuestos a un plan de empleo y a políticas sociales. Así lo aseguró en rueda de prensa la vicepresidenta segunda de la Institución provincial, Lourdes Arruebo, y el portavoz del grupo del PSOE, Luis Felipe, para quienes la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera es un condicionante para la acción política de la Diputación de Huesca.
Luis Felipe explicó que esta ley impide a la institución llevar a cabo políticas sociales en un contexto socioeconómico de crisis y obliga a la corporación altoaragonesa a destinar esos remanentes a "capitalizar" la banca con el pago de deuda o su inmovilización en cuenta. Por eso calificó de "castigo a la buena gestión" la normativa del PP.
