La Diputación de Huesca (DPH) se muestra partidaria de regular «por ley» un programa de restitución social y territorial vinculado a la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos en los municipios de montaña que soportan las instalaciones de obtención de este tipo de energía.
Esta propuesta, elaborada por el grupo de trabajo constituido en la institución provincial para el estudio de temas relacionados con el agua y la energía, fue transmitida ayer por el presidente de la corporación, Miguel Gracia, a los portavoces de las distintas formaciones políticas de la DPH.
El grupo de trabajo considera «fundamental» la inclusión de un nuevo artículo en la Ley de Aguas que recoja «expresamente» el destino de los rendimientos procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de agua, y garantice la participación en la decisiones de los municipios, informó la DPH en un comunicado.
La propuesta, que se va a trasladar al Congreso de los Diputados para su estudio, reclama la incorporación al texto legal de un escrito que destaca que «los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos se destinarán preferentemente a la restitución económica y social del territorio que los genera».
También se solicita la inclusión de referencias a la restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y a las necesidades energéticas de los servicios públicos de gestión del agua en la cuenca.
Los integrantes del grupo de trabajo consideran, asimismo, que la modificación legislativa debe contemplar que los rendimientos obtenidos se deben destinar en su integridad «a la restitución económica y social del territorio que los genera y soporta las afecciones directa o indirectamente». Añaden que los ingresos por otros conceptos derivados de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos se invertirán en obras o servicios del territorio afectado en un porcentaje que en ningún caso puede ser inferior al 20%.
Asimismo, el cambio legal solicitado reclama la «toma en consideración» de las entidades locales afectadas en las decisiones que se adopten en relación con los aprovechamientos.
