La Diputación Provincial de Teruel (DPT) celebró ayer, finalmente, su pleno extraordinario para decidir la organización de la institución en la presente legislatrua. La sesión sirvió para confirmar el reparto de delegaciones entre el PSOE y el PAR, en virtud del acuerdo de gobierno por el que el socialista Manuel Rando ha sido investido presidente con el apoyo de la formación aragonesista.

Así, en el pleno se informó del nombramiento de Alberto Izquierdo como vicepresidente de la institución y también del reparto de áreas entre ambas formaciones, así como los portavoces de cada grupo. Serán, por el Partido Popular Carlos Boné; Ana Cristina Lahoz del PSOE y del PAR Berta Zapater. En el caso de las dos formaciones que cuentan con un único diputado serán en cada caso los portavoces de sus formaciones: Pedro Bello de Ganar IU-UP y Ramón Fuertes por Ciudadanos.

Formarán parte de la Junta de Gobierno, además del presidente Manuel Rando; como vocales Alberto Izquierdo, José Ángel Sancho, Julio Esteban, Antonio Amador, José Luis López y Emma Buj.

En todo caso, se citará a la junta como invitados, según recoge el acuerdo del pleno, a los portavoces tanto de Ganar IU-UP Pedro Bello, como de Ciudadanos, Ramón Fuertes.

El pleno también sirvió para dar el visto bueno a la composición de las distintas comisiones así como a la renuncia del diputado del Partido Popular, Joaquín Juste, que será sustituido por Carlos Redón.

Tras ser elegido, Rando, que ejerce como alcalde de Calamocha, puso el foco en la necesidad de mejorar la financiación de los ayuntamientos. Para ello pidió modificaciones normativas y una nueva ley estatal que complemente a la autonómica y permita a los consistorios «disponer de los ahorros de estos años pasados». Además, en las primeras semanas de legislatura defendió la necesidad de luchar contra la despoblación, cooperando con otras instituciones y hacerlo con «Teruel en positivo», para aprovechar las «singularidades y fortalezas».

Entre sus objetivos ha insistido en la necesidad de apuntalar servicios públicos y reivindicar las infraestructuras «básicas y estratégicas para el empleo», especialmente el femenino, además de atender cuestiones como la extensión de la banda ancha, la educación, la cultura, la agroalimentación, el sector turístico y las energías renovables.