El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado hoy por unanimidad la creación del servicio Ecoprovincia por el que se trasladarán los residuos al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ).
Este nuevo servicio, que contará con una comisión de seguimiento, permitirá a los municipios de la provincia cumplir con la directiva europea que obliga a reciclar al menos la mitad de las basuras a partir de 2020.
Así, la Institución Provincial "se adelanta a las exigencias europeas", según ha señalado esta mañana su vicepresidente, Martín Llanas.
El portavoz del PP, Francisco Artajona, ha reconocido que su partido recibe el comienzo de este servicio con "moderada satisfacción" y ha mostrado su deseo de que cuente en los municipios y comarcas de la provincia con el mismo consenso con el que ha salido adelante en la corporación.
En el mismo sentido, el portavoz del grupo En Común, José Ángel Miramón, ha pedido la mayor celeridad posible para un proyecto tan importante como este.
El servicio prevé la construcción de seis plantas de tratamiento, que cuenta con una inversión de 4,4 millones de euros, que será asumida por la DPZ.
Las dos primeras se empezarán a construir en las zonas de Calatayud y La Almunia en el 2018, ya que el actual vertedero está a punto de colmatarse.
En el 2019 tocará el turno a las plantas de Borja y Ejea; y en el 2020 a las de Alagón y Quinto, para que en 2021 el proyecto de Ecoprovincia quede finalizado.
Según la memoria de este servicio, el gasto corriente previsto es la suma de la gestión del servicio de tratamiento y transporte desde las plantas de tratamiento hasta su destino, más la tasa del CTRUZ por los residuos trasladados hasta allí, que serán 78.000 toneladas a pleno rendimiento.
Este traslado es posible en virtud del convenio firmado recientemente entre ambas instituciones para cuatro años prorrogables por otros dos periodos de dos años, según el cual la DPZ tendrá que pagar al Ayuntamiento de Zaragoza por el traslado de los residuos de los municipios de la provincia la tasa establecida en cada momento para las entidades locales en la ordenanza municipal, que es actualmente 24 euros por tonelada.
Posteriormente, la Institución Provincial facturará a los ayuntamientos la cantidad que le corresponda a cada uno.
En la sesión plenaria de hoy se ha acordado también declarar la improcedencia de la revisión de oficio del concurso-oposición de bombero-conductor siguiendo el dictamen de la junta consultiva del Gobierno de Aragón, así como no admitir las nuevas solicitudes en este sentido.
Estos dos puntos han salido adelante con el respaldo de PSOE, PP, CHA y PAR y la abstención del Grupo en Común y de Ciudadanos.
