El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, anunció ayer que la institución que dirige asumirá los gastos de funcionamiento de Ecoprovincia, el servicio de recogida y traslado a la capital de la provincia de los residuos sólidos urbanos producidos en los municipios. Sánchez Quero, que asistió en la Ciudad Escolar Pignatelli de Zaragoza al V Foro de Alcaldes, explicó que la DPZ, además de construir las plantas de transferencia pagará los costes de transporte de los residuos y el mantenimiento. De esta forma, precisó, los municipios «solo tendrán que abonar la tasa por el uso del vertedero de la capital».
La medida de traslado de los residuos al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) está recogida en una normativa europea que obliga a que, en el año 2020, se recicle al menos el 50% de la basura producida. En el mismo foro, el presidente de la DPZ aseguró que esta asumirá asimismo la compensación a las 20 localidades de la Mancomunidad Central de Zaragoza que ya llevan los residuos al CTRUZ y que no se incorporan al proyecto Ecoprovincia. La diputación provincial pagará una parte de los gastos de transporte de su basura a la capital.
Según explicó Sánchez Quero, se van a construir seis plantas de transferencia «ubicadas estratégicamente» y se van a invertir 4,4 millones «aportados íntegramente por DPZ». Explicó que el aporte anual de la diputación para cubrir el transporte será de 1,6 millones, «con lo que estamos subvencionando a los habitantes de la provincia».
Los ayuntamientos únicamente tendrán que pagar la tasa que establece el consistorio por el reciclado de las basuras y que asciende a 26,4 euros. «En la actualidad, la tasa de vertido de los ayuntamientos de Ejea y Calatayud se sitúa en torno a 17 o 18 euros, con lo que el incremento por tonelada es de 9 euros», declaró Sánchez Quero. De esa forma, subrayó, el incremento que tendrán que abonar los vecinos de la provincia, por vivienda y año, será de unos cinco euros.
El alcalde de Calatayud, el popular José Manuel Aranda, pidió que la política de residuos sea de competencia autonómica y consideró que la nueva normativa entrañará un coste añadido para las administraciones locales y los contribuyentes.
