El consejo de administración de Zaragoza Vivienda aprobó ayer por unanimidad rescindir el contrato con Dragados, empresa que tendría que haber entregado el edificio con usos compartidos en Las Fuentes en julio del 2019 y no lo hizo. Aunque se preveía que el consistorio reclamase una elevada indemnización por haber incumplido el acuerdo, finalmente la constructora solo abonará al consistorio 330.000 euros.

Dragados abandonó las obras alegando que era imposible ejecutarlas en los términos pactados. La adjudicación de la obra se hizo por 5,3 millones (IVA no incluido) en septiembre del 2017, y el edificio tendría que haber estado finalizado el 4 de julio del 2019. Sin embargo, para entonces solo se habían ejecutado el 22,61% de los trabajos.

La multinacional ya había solicitado en más de una ocasión una modificación del contrato y la suspensión temporal de la obra, pero el consejo de administración lo desestimó y aprobó sancionar a la empresa por el incumplimiento parcial del contrato, con «retrasos injustificados».

El nuevo equipo de Gobierno de PP y Cs inició las negociaciones con la empresa para alcanzar un acuerdo y evitar la vía judicial, dado que de acabar este conflicto en los tribunales el proceso se dilataría en el tiempo mientras el edificio sigue a medio hacer. La indemnización pacata, de 330.000 euros, llama la atención porque inicialmente, en la resolución del contrato propuesta por el gerente de la sociedad se proponía incautar las garantías prestadas por Dragados, que responden a un aval bancario de 269.750 euros y las retenciones del 5% sobre las certificaciones de obra por 63.560 euros; iniciar el procedimiento por cuantificación de los daños y perjuicios causados, que podrían ascender a 1,1 millones; aprobar la certificación de la obra e imponer una penalidad de 96.000 euros por el retraso final injustificado. Un montante que queda muy lejos de lo que finalmente recibirán las arcas públicas por parte de esta empresa.

No es la primera vez que sucede algo parecido en el último año y con la misma empresa, porque el Servicio Aragonés de Salud también acabó resolviendo un contrato con Dragados «por demora e incumplimiento de los plazos parciales que hacen presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir con el plazo total de ejecución». En este caso se trataba del hospital de Alcañiz, del que la multinacional tan solo había invertido el 9,5% del presupuesto estimado. En el caso turolense, la adjudicación del contrato se produjo en junio de 2017 por un importe de 57,4 millones de euros y el plazo de ejecución era de 52 meses.