Sigue el culebrón con Dragados por la paralización oficiosa de las obras de construcción de las 80 viviendas tuteladas de Las Fuentes. Ayer el consejo de administración de Zaragoza Vivienda aprobó por unanimidad sancionar a la empresa constructora con 22.800 euros, que se le descontarán de próximas certificaciones, al constatar que el retraso de las obras es más que evidente, ya que se ha demostrado que «solo en septiembre y octubre» el nivel de ejecución es del 23,22% de trabajos realizados cuando debería ser del 36,39% y que esto equivale a que ya acumula «38 días de retraso» sobre el calendario previsto.
El responsable municipal de Vivienda, Pablo Híjar, denunció que se está «jugando con una demanda histórica vecinal» y exigió «honestidad» a la empresa, ya que evita hablar de paralización total pero se ha certificado que «no tiene cuadrillas trabajando». «Oficialmente no ha habido una renuncia», aseveró, pero le instó a tomar una determinación porque «quizá juega a dilatarla en el tiempo», por una modificación del contrato con la que, tal y como adelantó este diario, exige una revisión al alza del precio, en torno a 900.000 euros más, ante la «imposibilidad» de realizarla al precio de adjudicación.
«Si su vía va a ser esa, debería ser honrado, asumir que no tiene ningún compromiso con ella y que su intención es dedicarse a hacer viviendas de lujo que colocar a precios muy jugosos», explicó, ya que, en su opinión, se está «chantajeando» al barrio, no al ayuntamiento, con una «vieja práctica» que, aseguró, «no le va a funcionar». «Le exigimos que reactive la obra o, si la va a abandonar, que lo haga ya», añadió.
El problema, en esta situación, no es tanto la posibilidad de rescindir el contrato a base de sanciones como esta, que probablemente recurrirá como la propia negativa de Zaragoza Vivienda a modificar el contrato, sino el largo proceso hasta reactivar los trabajos. Y más si, como teme Híjar, es una «posición de fuerza» para conseguir sus objetivos.
UN MES MÁS EN OLIVER
Fue el asunto más relevante de los tratados en el consejo de administración, en el que no se incorporó la compra de doce viviendas okupadas en el barrio Oliver que ahora son propiedad de Bantierra. Híjar esperará a diciembre, para tener la cuantificación de las obras a acometer en estos inmuebles y, a petición de la oposición, los informes que justifiquen la adjudicación de esos pisos tras la adquisición en base a los criterios de los servicios sociales.
Se acordaron los pliegos que permitirán la contratación de las obras de acondicionamiento del local en la plaza Poesía de Parque Goya que, con un presupuesto de 205.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, podrá estrenarse en el 2019 como centro comunitario. Y también los pliegos para acondicionar tres locales en la calle Contamina, por 100.000 euros y un plazo de dos meses, así como la construcción de seis viviendas en el solar del número 4 de esa misma calle.
