Miles de aragoneses estarán pendientes de lo que pase hoy en Madrid, donde ministerio y comunidades abordarán la celebración o no de oposiciones de Secundaria y FP en el 2018. Aunque, en realidad, este asunto no figura en el orden del día, Aragón y el resto de comunidades gobernadas por el PSOE tienen previsto preguntar al ministro, Íñigo Méndez de Vigo, por este tema y trasladarle su «preocupación absoluta», según apuntó ayer la consejera aragonesa Mayte Pérez.

Y todo indica, además, a que el ministerio trasladará a las autonomías el informe encargado a Hacienda acerca de si se pueden celebrar o no oposiciones aun sin haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado. Si este informe ya está disponible y en posesión del Ministerio de Educación, este lo dará a conocer hoy mismo a las comunidades. En caso contrario, habrá que seguir esperando.

Si el dictamen determina que no se pueden celebrar las oposiciones, más de uno respirará tranquilo. Incluido el Departamento de Educación, que ya no tendrá que abordar este complejo en la comisión de seguimiento del proceso creada junto a los sindicatos. Se diría que, si el ministerio dice que no, se acabó el problema. Las oposiciones quedarán aplazadas hasta el 2018 y punto. Eso satisfaría también a numerosos interinos contrarios a la celebración del proceso este año por temor al denominado efecto llamada -llegada masiva de aspirantes procedentes de otras comunidades en las que no hay examen este año--. Y serán muchas. Porque Aragón y Extremadura se han quedado solas como las únicas que han anunciado que, ministerio mediante, celebrarán oposiciones.

En realidad, el abandono masivo de autonomías como Navarra o, sobre todo, Castilla y León ha alterado por completo los planes iniciales de todos. De hecho, Aragón aprobó en mesa sectorial la celebración de oposiciones en el 2017 de ciertas especialidades en las que hace tiempo que no se sacaban plazas. DGA y sindicatos decidieron, eso sí, dividir el proceso entre este año y el próximo y, de este modo, ofertar en el 2018 las especialidades que no se sacaran en el 2017. Sin embargo, nadie esperaba que, finalmente, Aragón se quedara sola y ninguna otra comunidad vecina se sumara a esa decisión.

Así que, si el ministerio decide hoy o en los próximos días dar vía libre a las que lo deseen, el Gobierno autonómico y los sindicatos se verán metidos en un lío de dimensiones considerables. Porque cada vez son más numerosas las voces que reclaman una marcha atrás y aplazar el proceso al 2018. «Sería la solución menos mala», aseguraba ayer un sindicato de los que componen la comisión de seguimiento.

Pero no todos piensan lo mismo. Y ahí reside otro de los problemas para la Administración, que insiste en que seguirá respetando lo que se adopte en la mesa sectorial. Pero, claro, ahora mismo no hay unidad sindical en este apartado. Es más, en estos momentos hay un empate entre los partidarios de suspender el proceso y los que defienden la necesidad de convocar oposiciones en junio.

La DGA, mientras, recuerda que necesita sacar ciertas plazas y apela a cumplir «el compromiso adquirido» con los interinos y que puedan «planificarse». La cuestión es si a los que aspiran a lograr esas plazas les seduce la idea de luchar por ellas, después de tantos años, contra opositores procedentes de casi todas las demás comunidades.

Y eso que, en previsión de todo eso, DGA y sindicatos empezaron a hablar de oposiciones en octubre.