La representación legal del Obispado de Barbastro-Monzón cuestiona que la normativa legal catalana, en concreto el conocido como Decreto Mieras, pueda impedir el traslado de los 111 bienes de las parroquias si los tribunales reconocen finalmente la propiedad aragonesa de estas piezas.
Así se pone de manifiesto en un escrito de alegaciones presentado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro encargado de resolver el litigio ante la repentina petición de la Generalitat de personarse en la causa como parte afectada junto a la Diócesis de Lérida y el consorcio gestor del museo de esta ciudad catalana.
El texto centra una parte de sus argumentos en cuestionar la capacidad del Decreto Mieras, emitido en el 2006 por la consejera de Cultura Caterina Mieras para declarar los bienes en litigios como parte de una colección indivisible, para impedir una orden judicial de traslado.
En el juicio celebrado la semana pasada en Barbastro por la propiedad de los bienes, el letrado del consorcio museístico, Jordi Vives, advirtió a las partes personadas de la «imposibilidad jurídica» de devolver las piezas.
Al respecto, alegó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó en el año 2008 el Decreto Mieras.
